El recibo del agua de los hogares, sujeto a tantos vaivenes en los últimos tiempos, volverá a encarecerse en 2013. Y en esta ocasión el culpable no es la tasa Tamer de la recogida de la basura, sino el «canon de saneamiento» para tratar las aguas residuales que también se incluye en la factura del agua. El Consell ha elevado para el ejercicio 2013 esta tasa entre un 10% y un 21 %, dependiendo del caso. Cabe destacar que este tributo se divide en dos partes: una variable en función de lo que se consume y un fijo que depende del tamaño del municipio.

El incremento previsto en los presupuestos para 2013 castiga especialmente a las familias de los municipios más pequeños, de entre 500 y 3.000 habitantes. En este caso, la cuota de consumo por metro cúbico pasa de los 0,234 euros de 2012 a los 0,284 impuestos para 2013, es decir, un 21,3 %.

Sin embargo, es en las grandes ciudades (más de 50.000 habitantes), que acogen a la mayoría de la población, donde los hogares pagan el canon de saneamiento más elevado. Para 2013 la tasa será de 0,389 euros por metro cúbico, lo que significa un incremento del 10,5 % respecto a este año.

En cuanto al fijo anual de este canon, los hogares de municipios más pequeños (hasta 3.000 habitantes) pagarán 28,63 euros al año (un 21 % más); mientras que en las grandes ciudades como Valencia, cada hogar abonará 39,56 euros, un 10,3 % más que en 2012. Para hacerse una idea, una vivienda de Valencia con cuatro miembros y un consumo normal pagaría al año dentro del recibo del agua unos 140 euros en concepto de «canon de saneamiento», casi 15 euros más que ahora.

Además de los usos domésticos del agua, la tasa de saneamiento también será incrementada para las industrias con un consumo anual de más de 3.000 metros cúbicos al año, tanto en la cuota de consumo (un 12 %) como la cuota de servicio (ver tabla adjunta).

Según la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar), el canon de saneamiento es «un impuesto ecológico ya que su fin es mejorar el nivel de conservación de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana». Su recaudación se destina a «la financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública y, en su caso, de las obras de contrucción de estas instalaciones».

El incremento del canon de saneamiento se enmarca en un contexto de subida generalizada de tasas para compensar el desplome de ingresos que se está sufriendo. Así, el Consell ha hecho un ejercicio de realismo en las cuentas para el próximo año y contempla una caída de recaudación por el IVA del 13 %. Frente a esto, la Generalitat ha subido todas las tasas por los servicios que presta la administración, y se han creado ocho nuevas que permitirán recaudar 3,2 millones. En general, los ingresos por tasas y precios públicos crecen un 9 % (de 752 a 833 millones).

En el caso del agua, tanto los precios como su gestión se están viendo rodeados de polémica en los últimos tiempos en Valencia. En 2012, más de 400.000 ciudadanos de Valencia y la comarca de l´Horta vieron incrementada en 94 euros la tasa de las basuras (Tamer) que también se incorpora al recibo del agua, aunque recientemente se ha rebajado en 16 euros. Según informó la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), los domicilios que consuman más de 65 metros cúbicos pagarán 123 euros en 2013 por las basuras.

Además de esto, la propia Epsar, que gestiona este canon de saneamiento, está salpicada por el escándalo de Emarsa, con una treintena de imputados y al menos 25 millones de dinero de los contribuyentes presuntamente desviados de la gestión de la depuradora de Pinedo. Según el juez, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que depende del Consell, pagó por el tratamiento de lodos precios muy por encima del valor de mercado.

Por otro lado, según publicó recientemente Levante-EMV, la auditoría revela que la misma Epsar, que gestiona las 460 depuradoras de la Generalitat, debe más de 120 millones a proveedores. Una situación que, unida a la falta de financiación (el Consell no le concede nuevos avales), pone en peligro la viabilidad de la empresa.