Hace apenas un mes que ha comenzado de manera oficial la actividad en una de las torres del complejo administrativo 9 d’Octubre y ya hay acampado un indignado a sus puertas.

Entre los rascacielos del complejo, en un banco, vive Juan Guilló con un saco de dormir, dos muletas, una bolsa de plástico con documentos y algunas fotografías ya amarillentas. La única decoración que le permite esa vivienda al aire libre son una docena de pancartas en las que señala que no pide limosa, solo una vivienda digna y una segunda oportunidad.

Juan Guilló fue desahuciado el 31 de mayo de 2012 de la vivienda de protección oficial en Los Palmerales de Elx donde habitaba. Él afirma que el motivo que alegan para su desahucio es que tiene una deuda de unos 20.000 euros, pero se excusa explicando que hace unos años hubo irregularidades y el ayuntamiento dejó de cobrar. Cuando la gestión llegó a manos del Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA) los propietarios tenían una deuda acumulada. Se propusieron dos opciones desde el organismo: o bien se pagaba un alquiler y le perdonaban la deuda, o seguía con la propiedad y se pagaba un mes corriente y otro atrasado. «Mi deuda era de unos 20.000 euros. Yo me acogí al plan de propiedad porque podía pagar ya que cobro 426 euros de ayuda cada mes», cuenta Guilló.

Aquel 31 de mayo a mediodía, cuando volvía del mercadillo, porque se dedicaba a la venta ambulante, encontró la puerta de su casa tabicada. A partir de ese momento llamó a muchas puertas buscando explicaciones. Guilló envió diversas cartas al ayuntamiento de Elx, gobernado por la popular Mercedes Alonso, en las que le pedía a la edil reunirse con él para exponerle su problema y ver si le proponía una solución, animado por los discursos electorales de Alonso en los que proclamaba: «Nuestro proyecto está abierto a todos los ilicitanos e ilicitanas, también a los que no nos votan».

El 24 de junio este vecino de Los Palmerales empezó una huelga de hambre enfrente del ayuntamiento. «Pasaba a base de Aquarius, y lo he aborrecido». Ahora, con los partes médicos en la mano de su discapacidad del 46 %, no puede dejar de temblar, tiene Parkinson incipiente como secuela de aquella huelga de hambre.

Antes de trasladar su protesta a Valencia, realizó sus últimas quejas a las puertas del IVVSA de Alicante, donde pasó 69 días esperando a que alguien de allí le contestara. Juan Grau, responsable del IVVSA de Alicante, le dijo que desde allí no podían hacer nada, que si quería algo tenia que ir a conselleria. «Y aquí estoy» declara con una agria sonrisa. El jueves tiene previsto encadenarse a una de las farolas del complejo recién estrenado en la antigua cárcel.