El presidente de las Corts, Juan Cotino, reclamó en febrero que el Estado condone la deuda histórica de la C. Valenciana desde 2002, derivada del agravio en la financiación, que cifró en más de 11.000 millones. El portavoz de Compromís, Enric Morera, también manejó semanas después un montante similar. Sin embargo, el informe sobre la financiación de la Comisión de Expertos pactados por las Corts, tal como informó Levante-EMV, eleva esa losa hasta los 13.485 millones. ¿De dónde sale la diferencia? La clave, según ha podido saber este periódico, está en el cálculo realizado por los principales especialistas sobre la materia en la Comunitat Valenciana del coste que le ha supuesto a la Generalitat ese déficit de recursos, al no haber contado con una asignación equivalente al menos a la media por habitante del conjunto de las autonomías. Ese lastre se cifra en unos 2.500 millones en costes financieros generados durante un decenio de discriminación por los dos modelos aprobados, el de 2002, con Aznar, y de 2009, con Zapatero.
Hasta 2010, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) había identificado hasta el último euro del agravio en la financiación: 8.831 millones. En 2010, por ejemplo, cada valenciano recibió 211 euros menos que la media en el total autonómico. La Comisión de Expertos, con los datos disponibles, ha hecho su estimación para los ejercicios 2011 y 2012, todavía no liquidados. Total, alrededor de 11.000 millones. La diferencia, unos 2.500 millones, son los intereses generados por la necesidad de endeudarse para cubrir esa insuficiencia de ingresos a lo largo de un decenio. Es una tesis controvertida, porque parte de la premisa de que, de haber contado con esa financiación al margen de la que le daban los bancos, la Generalitat no se habría endeudado igualmente para planificar más eventos, más torres de Calatrava, más infraestructuras... que ahora tampoco podría pagar. Pero, al menos, tiene la virtualidad de poner sobre la mesa el doble agravio que ha conllevado la discriminación.
Coincidencia sorprendente, la deuda histórica, 13.485 millones, viene a coincidir con el coste del rescate de 2012, 13.210 millones -como reveló este periódico en su edición de ayer-, a los que hay que sumar otros 3.992 millones en intereses. Total, 17.202 millones a devolver a Madrid hasta el año 2023.
La Comisión de Expertos tiene ultimado su informe, en el que propone un nuevo modelo de financiación autonómica para toda España, hasta el punto de que ha entregado ya un borrador al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues. Pero se busca el momento político para lanzar oficialmente el documento, en principio, durante este mes. El Consell y el PP, enfrascados ahora en la pelea por el déficit asimétrico, no están por la labor de reclamar la deuda histórica, dada la situación de las arcas estatales. Para colmo, el Gobierno ha atrasado hasta junio la decisión sobre los déficits diferenciados para cada autonomía, en medio de la bronca entre los barones regionales del PP. En cambio, la oposición ha hecho bandera de la deuda histórica.
Una vía legal para hacerse visible
El consenso en las Corts Valencianes se antoja clave. Si los partidos valencianos no son capaces de unir fuerzas para reclamar una compensación a Madrid -como obtuvo Andalucía, por dos veces-, la reivindicación estará tocada de muerte antes de empezar. En el supuesto de que lograra sellarse ese acuerdo político, luego vendría lo más arduo: convencer al Estado y al resto de comunidades. Ahora bien, en medios conocedores de las conversaciones al más alto nivel no se oculta que poner en valor la deuda histórica bien podría servir como arma en la negociación sobre el futuro modelo: Si la C. Valenciana consiguiera que, de una vez por todas, se le trate con equidad, no ya respecto al actual modelo (en términos de financiación igual a la media), sino respecto a las proyecciones de las políticas de gasto que figuran en el Programa de Estabilidad, probablemente la reparación de la deuda histórica pasaría ya a un segundo plano.
En el peor de los escenarios, que ni se atienda el agravio acumulado ni un futuro modelo resuelva la discriminación, el Consell o las Corts tendrían aún una vía para hacer visible el problema valenciano. Y es que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) incluye un fondo para garantizar un "nivel mínimo" de prestación de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) en España, que blinda el derecho de las autonomías a gozar de "los mismos recursos por habitante, ajustados en función de sus necesidades diferenciales, para financiarlos". En la práctica, no se cumple. El Consell se ha hartado de denunciar que la entregas a cuenta actuales ni siquiera le cubren el 80 %, no ya de sus necesidades totales de gasto, sino de la cobertura de la sanidad y la educación. De este modo, la vía de acudir a los tribunales para reclamar esa financiación invocando la Lofca estaría abierta.
