12 de septiembre de 2013
12.09.2013
Financiación

Canarias recurrirá al Supremo el déficit asimétrico pactado

El Gobierno canario cuestiona la legalidad del acuerdo tomado por las comunidades autónomas y el Gobierno que permite a la C. Valenciana un mayor endeudamiento

12.09.2013 | 22:03

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los acuerdos del Consejo de Ministros que fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2013-2016. El gobierno presidido por el nacionalista canario Paulino Rivero en coalición con el PSOE considera que el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas que establece un déficit diferenciado para cada autonomía ha sido acordado de forma unilateral y arbitraria por el Gobierno central y vulnera la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Gobierno canario cuestiona la fijación de los objetivos individuales a las comunidades autónomas por el que tanto peleó el ejecutivo de Alberto Fabra. El acuerdo permite a la Comunitat Valenciana ser la que más pueda endeudarse a lo largo de 2013, hasta un 1,6 % del PIB y tres puntos por encima de la media de 1,3 % pactada con Bruselas. Canarias considera que esta medida vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria al no contemplar factores como el déficit de ingresos procedentes del sistema de financiación que, en el caso de Canarias, supone una merma anual de 800 millones de euros para garantizar los servicios públicos esenciales.

Además, tampoco se ha tenido en cuenta la situación económica de cada comunidad autónoma ni la tasa de desempleo. Finalmente, los servicios jurídicos opinaron que la distribución acordada por el Consejo de Ministros ha vulnerado los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y autonomía financiera de las comunidades.

Según la valoración del archipiélago, en la distribución del déficit se ha incumplido la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aplicando un procedimiento que no se ajusta a la norma. De acuerdo con esa disposición y a juicio de los servicios jurídicos, el reparto establece una metodología que el Estado no ha respetado ni tampoco se ajusta a las previsiones establecidas por la Comisión Europea para su cálculo. Solo en referencia al año 2013, la fórmula aplicada permite al Estado aumentar su capacidad de gasto de forma irregular en 5.974 millones de euros más mientras que las comunidades autónomas pierden 3.914 millones en su conjunto.

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