Los instrumentos jurídicos para regular los delitos de odio, sea en internet, en un periódico o en la barra de un bar, ya figuran en el Código Civil y el Código Penal y son «más que suficientes» para encarar posibles conflictos como el originado con los comentarios en Twitter tras el asesinato de la presidenta provincial de León. Así lo considera el valenciano Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, que afirma que «el Gobierno está iniciando una serie de reformas para castigar la disconformidad, en la reforma del Código Penal o en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, e iniciativas como esta misma que ahora se plantea encajan en este contexto». A su juicio, «si quieren castigar la disconformidad para evitar críticas a la gestión», mediante el endurecimiento del Código Penal para afrontar estas situaciones, «sería desproporcionado y acabarán metiendo en prisión a miles de personas de forma injustificada».
Bosch puntualiza que «uno no puede decir lo que le dé la gana» y para eso están ya tipificados los delitos de injurias, calumnias, amenazas o derecho al honor. «A mí no me parece bien cualquier tipo de incitación ni provocación», insiste. «Pero no se pueden equiparar estupideces con conductas delictivas», añade. «No resulta admisible comparar la mala educación o las salidas desafortunadas de tono con una conducta delictiva como la apología del terrorismo o la incitación a cometer delitos. Estos comentarios explosivos poco meditados, si bien son reprochables desde el punto de vista moral o social, de ninguna manera son una incitación seria a matar a nadie», dice Bosch en referencia a las tres imputaciones dos de ellas en Tavernes de la Valldigna y Burriana por declaraciones en Twitter tras el asesinato de la presidenta leonesa.
El responsable de Jueces para la Democracia critica el «oportunismo» de algunos y subraya que «este problema no es nuevo. En las redes sociales han habido comentarios muy similares otras veces y nadie ha planteado ninguna reforma, que sería innecesaria», opina.
En esta línea, Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, afirmó ayer a la agencia Efe que se debe «atender» a lo que ya existe en el Código Penal, aunque reconoció que existe «preocupación» hacia los delitos cometidos en las redes, ya que éstos se quedan «grabados». El presidente del Foro de Justicia Independiente, Ángel Dolado, apuntó a que el sistema judicial ya tiene «suficientes problemas» como para que la Guardia Civil se disponga a «rastrear la red» en busca de este tipo de faltas. «Dar una vuelta de tuerca al Código con un nuevo artículo sería legislar en caliente», añade.
La Asociación de Internautas pidió ayer no endurecer la ley sobre Twitter y otras redes como en los «países autoritarios» ya que en España hay normativa suficiente. A los españoles que cometen delitos en Internet, lamentó, es «más fácil cogerles que estando en la calle».
