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Dependencia

El PP blinda por ley el copago a los dependientes por si la justicia lo anula

Los populares y el Consell asumen que el Tribunal Superior tumbará su orden y la asegura como tasa antes de saber si la regulación vigente es legal

El PP blinda por ley el  copago a los dependientes por si la justicia lo anula

El PP blinda por ley el copago a los dependientes por si la justicia lo anula

El PP le ha puesto la tirita al Consell antes de la herida. Pero a costa de los dependientes. Los populares han presentado enmiendas a los Presupuestos de 2015 para blindar por ley el copago de las personas con dependencia, como ya contó este periódico. Esta propuesta, que será incorporada gracias a su mayoría en las Corts, evidencia que la Generalitat ya tiene asumido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano también anulará la actual norma, aprobada mediante una orden de la Conselleria de Bienestar Social, como ya hizo con la que obliga a pagar a discapacitados y personas mayores.

De hecho, en estos momentos el copago a dependientes en la Comunitat Valenciana que aprobó la Conselleria de Bienestar Social es totalmente legal, aunque está recurrido indirectamente ante el TSJ por personas individuales. Lo que pretenden las enmiendas del PP a los presupuestos, que modifican la ley de Tasas de la Generalitat, es blindar por ley esta obligación de pago de servicios en residencias y centros por parte de las personas dependientes y que no les pase como en el copago a mayores y discapacitados, que fue anulado por el alto tribunal valenciano. La justicia sentenció que el copago es una tasa y que, por tanto, debía haber sido regulado por una norma con rango de ley que deben aprobar las Corts y no por una orden de la Conselleria de Bienestar Social.

Al presentar estas enmiendas, que serán aprobadas con total seguridad, los populares y el Consell dan por perdida su actual norma que regula el copago a los dependientes y admiten que perderán en los tribunales antes de que estos decidan. Esta actitud evidencia la estrategia de la Generalitat. Y es que la sentencia del TSJ que anula el copago a discapacitados y mayores, que no a dependientes, fue recurrida ante el Tribunal Supremo por El Consell, pero no porque defienda que su norma anulada es legal, sino para no ejecutar la sentencia y ganar tiempo para no devolver el dinero a los usuarios de centros de día y residencias que han estado pagando por un servicio que era ilegal.

Si se aprueban estas enmiendas, el copago será legal y tendrá rango de ley, por lo que según la propia jurisprudencia del TSJ, será vigente a partir del año que viene cuando entren en vigor los presupuestos de 2015. Habrá que ver si los ingresos de los dependientes, discapacitados y mayores que abonaron en 2013 se devuelven. Según explicó el TSJ en su aclaración de sentencia, el fallo «abre jurídicamente la vía para la solicitud de devolución de los ingresos devenidos en indebidos o, subsidiariamente, a la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración de la Generalitat». Eso sí, los usuarios de las residencias y centros de día tendrán que volver a pleitear contra la Generalitat para recuperar su dinero ya pagado.

Vaciar de contenido la norma

Faltará esperar a ver lo que dice el TSJ respecto al copago a dependientes, pero la idea de las enmiendas del PP es vaciar de contenido la actual norma y una posible derrota en los juzgados. Aun así, los dependientes podrán acudir al juzgado a reclamar el dinero pagado antes de que entre en vigor la ley de presupuestos, como ya pueden hacer los discapacitados y los mayores.

El Consell ha incorporado en los presupuestos de 2015 62 millones en ingresos por copago de dependientes, discapacitados y mayores usuarios de centros de días, residencias y centros ocupacionales.

Pero los dependientes no tienen que lidiar sólo contra la inseguridad jurídica que está generando el Consell con tantas normas y sentencias en contra. La sección 5ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ tiene pendientes de resolver casos en esta materia casi cuatro años, según denuncia la abogada Sandra Casas. Cabe recordar que el alto tribunal se comprometió a agilizar su funcionamiento con la incorporación de un magistrado pero se han retirado dos funcionarios, explicó la letrada.

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