El secretario autonómico de Dependencia, Manuel Escolano, defendió ayer que los problemas en la aplicación del copago a discapacitados en residencias vienen motivados por el «poco tiempo» que ha tenido la Conselleria de Bienestar Social para cumplir la sentencia que anuló la orden que lo regulaba el pasado mes de octubre. Escolano, a preguntas de la diputada de Esquerra Unida, Esther López Barceló, explicó que su departamento ha ido con «el tiempo muy ajustado para el cambio de sistema», es decir, para convertir la norma en ley de Tasas como pedía el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La diputada de izquierdas recordó que se ha domiciliado el copago a discapacitados sin decirles la aportación concreta que deben abonar como usuarios.
Escolano volvió a defender el copago que impuso la Generalitat porque «de los 10.000 usuarios de plazas de atención a la discapacidad un total de 4.700 quedan exentos de realizar aportaciones». Y añadió que el copago a estas personas «se ha implantado con una tasa progresiva, paga quien puede y en función de sus posibilidades y favorece a los que menos tienen. A las rentas bajas».
Con el cambio obligado por la justicia tras un recurso del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat Valenciana, desde la Conselleria de Bienestar Social aseguraron que «se han incorporado mejoras al sistema». «Entre otras, el incremento del dinero de bolsillo para usuarios de residencias, que en mayores pasa de 101 euros a 175 mensuales y en discapacidad a 219 euros al mes, situándose la Comunitat Valenciana junto a Cantabria como las autonomías que más dinero dejan a los usuarios tras las aportaciones», explicaron.
Cabe recordar que el TSJ exigió a la conselleria a regular por ley el copago. Desde Bienestar Social realizaron una reforma exprés vía ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2015. El Cermi ha impulsado una campaña para tumbar esta medida en el Tribunal Constitucional.
