Los diputados de las Corts intentaron recuperar de tapadillo casi íntegra la extra de 2012 a la que renunciaron en su día en solidaridad con los funcionarios pero, al ser cazados por Levante-EMV, dieron marcha atrás y ahora devolverán el dinero. Sin embargo, no son los únicos que aprovecharon resquicios para rascar un pedazo mayor del 25 % de la paga suprimida que el Gobierno ha autorizado a devolver a los empleados públicos. El régimen singular de las instituciones estatutarias de la Generalitat, que en su mayoría no están sujetas a las normas aplicables a la Administración autonómica sino que buscan su equiparación con el Parlamento valenciano, amparó el cobro de la paga en otros ámbitos más allá de la Cámara. Es el caso de la Sindicatura de Greuges. Tradicionalmente homologada al Parlamento „es un comisionado de las Corts para la defensa de los derechos de los ciudadanos„, se vio arrastrada por la decisión de la Cámara de equipararse a los funcionarios del Legislativo en el cobro de la paga.
Así, tanto el Síndic de Greuges, José Cholbi, como el Adjunto segundo, Carlos Morenilla, recuperaron, como los diputados inicialmente y los empleados de las Corts, casi toda la extra de 2012 en la nómina de febrero. Ello fue posible porque el decreto estatal de supresión de la paga se publicó el 14 de julio de 2012, con lo que desde el 1 de junio habían transcurrido 44 días, el 24,04 % de los 183 días que devengan a efectos de la extra de Navidad. Esa norma, sin embargo, no era de aplicación a los parlamentos. Las Corts no publicaron el acuerdo de supresión hasta el 29 de noviembre, cuando había pasado 179 días (el 97 %). El Gobierno ha decidido pagar el 25 %, pero quien ha podido ha estirado el porcentaje invocando los días devengados.
En la Defensoría del Pueblo, Ángel Luna, Adjunto primero desde julio de 2014, recibió (sin que nadie de las Corts le informara) una transferencia con la extra, ya que en 2012 era vicepresidente del Parlamento. Ahora se ha dirigido a la Cámara para ver cómo devuelve el dinero. A efectos fiscales será una donación por el exceso entre los 44 días y los 179 percibidos. Cholbi ha convocado para la próxima semana una reunión de la Junta de Coordinación para acordar el reintegro del dinero. Los 35 empleados de la Sindicatura, como los 150 de las Corts, mantendrán la paga casi íntegra.
No se conforman con el 25 %
La Sindicatura de Comptes, que también se equipara a las Corts, no llegó, en el caso de los síndicos de Cuentas, a abonarles la paga. Y eso que llegó a adoptar el acuerdo en ese sentido. La Sindicatura aprobó que, como en las Corts, el personal recuperara los días devengados, mientras para los tres síndicos (Rafael Vicente, Antonio Mira-Perceval y Marcela Miró) se decidió que se equipararían a lo que resolviera la Mesa de las Corts para los diputados. El problema es que las Corts se negaron a informar por escrito de su decisión de cobrar la paga íntegra, con lo que los síndicos, que no veían nada claro el caso, no llegaron decidir. Ahora, al destaparse la polémica y tras la marcha atrás de las Corts, los auditores recuperarán, como los diputados, 44 días. En la entidad intentaron que el personal se conformara con los 44 días que han logrado los funcionarios del Estado y del Consell, pero los sindicatos exigieron el 97 %.
En el Consell Valencià de Cultura se asegura que se aplicará la misma normativa que a los funcionarios del Consell. Esto es, que recuperarán el 25 % de la extra. Algo similar ha sucedido en el Consell Jurídic Consultiu. Aunque tienen un régimen singular, adoptaron en su día un acuerdo para, en la medida de lo posible, homologarse a los funcionarios del Consell y no a los de las Corts. Así, personal y consejeros han rescatado el 25 %, de forma que ahora se han evitado que les coloreen la cara.
Singular es la situación de la Acadèmia de la Llengua. En 2012, los académicos, que en su mayoría cobran por asistencias, de forma que no tienen pagas extras, no se aplicaron la supresión ni una rebaja de sus ingresos equivalente a la extra (como sí hicieron los consellers y el presidente, Alberto Fabra). Tampoco lo hicieron los miembros de la AVL que sí cuentan con un sueldo fijo, el presidente, Ramon Ferrer, aunque ha renunciado, y la secretaria, Verónica Cantó. Por tanto, no han tenido que recuperar nada. Eso sí, previamente vieron reducir sus retribuciones un 6 %, como el resto de responsables públicos. Al personal sí que se le aplicó la supresión de la extra. Ahora, como el decreto estatal no es de aplicación a los entes estatutarios de las autonomías, se han acogido a la fecha de publicación del recorte por el Consell, que fue del 1 de octubre. De este modo, se devengaron cuatro de los seis meses, el 66 % de la extra. Los consellers estaban en la misma situación pero se aplicaron el 25 %.
