El candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Alberto Fabra, está dispuesto a sacar de la circulación al barón provincial Alfonso Rus incluso antes de elecciones si finalmente las grabaciones del caso Imelsa salen a la luz y lo comprometen política o judicialmente. Fabra, que el sábado se desplazó a Xàtiva para hablar personalmente con Rus, no le pidió directamente que se fuera, aunque sí le enseñó la puerta de salida en el caso de que del contenido de las cintas se deduzcan «conductas reprobables». El jefe del Consell en funciones es consciente de que el barón, uno de sus principales críticos, no es un objetivo fácil de batir y que si llega el momento no le pondrá las cosas fáciles. De ahí que Fabra baraja forzar la expulsión de Rus del partido. Ayer mismo lo dejó claro al ser preguntando por los periodistas sobre el asunto en un acto: «En el momento en que haya una comprobación de que ha habido un comportamiento irregular y no acorde con lo que tiene que ser un cargo público o un político, esa persona será expulsada del partido», aseguró el presidente, si bien matizó que no hablaba en concreto sobre Rus sino de cualquier cargo.
La vía de la expulsión es, según fuentes del PPCV, la más fácil para el presidente ya que controla el comité regional de derechos y garantías, el órgano interno que tiene las competencias para expedientar a los militantes. Fabra no necesita si quiera que Rus esté inmerso en el procedimiento judicial o que resulte imputado, ya que podría acogerse a los estatutos que prevén la apertura de un expediente disciplinario si el partido tiene conocimiento de «la falta de ejemplaridad en el comportamiento o conducta de un a?liado o cargo de representación institucional». Toda decisión de esta naturaleza puede ser recurrible ante el órgano disciplinario de ámbito nacional, si bien desde el Palau de la Generalitat ya han intercambiado impresiones sobre este asunto con dirigentes nacionales.
En principio Génova está a la expectativa de cómo evoluciona el caso, pero no está presionando para apartar al barón porque considera que los datos son todavía difusos. Ahora bien, si el caso acaba salpicando al presidente del PP de Valencia apoyarán la decisión de Fabra. Desde el entorno del presidente se asegura que la dirección nacional entiende y comparte las líneas rojas del presidente y sostienen que si los datos acorralan al barón provincial, el presidente actuará. Argumentan que todo su trabajo para limpiar las Corts y la Administración de imputados sería en vano si Rus concurre como alcaldable del PP en Xàtiva con aspiraciones a repetir en la presidencia de la diputación en medio del escándalo. Conscientes de que Rus mantiene apoyos importantes en la provincia (además de sus colaboradores le apoyan muchos alcaldes) y de que el reloj avanza inexorable hacia el 24M, el camino más rápido sería la expulsión. Fue lo que hizo Fabra con el exconseller Rafael Blasco cuando se resistía a dejar el escaño o con Milagrosa Martínez, que no ha querido dejar la alcadía de Novelda a pesar de las presiones.
Por otro lado, el jefe del Consell contestó ayer a Rus, quien el día anterior manifestó públicamente su intención de resistir y de no dimitir pese a que el presidente se lo pidiera. Preguntado sobre la posición del jefe de la diputación, primero indicó que no tenía «nada que decir sobre él ni «sobre nadie» porque existe la presunción de inocencia, aunque advirtió de que «aquellas personas que pongan en entredicho la honorabilidad del partido haciendo un mal uso de un cargo público se van a ir fuera».
En el caso de que el contenido de las conversaciones grabadas por el exgerente de Imelsa pudieran implicar al presidente de la Diputación, indicó que «actuarán y no se quedarán de brazos cruzados».
Fabra señaló que el principal problema que ha afectado al PP además de la crisis es «la desconexión y alejamiento del ciudadano hacia los cargos públicos o las instituciones». Y admitió que todo lo que no haga que ayude a generar esa confianza, perjudica. El caso que afecta a Alfonso Rus «perjudica lógicamente».
