El juez que instruye el caso Púnica, el penúltimo escándalo de presunta corrupción que salpica al PP valenciano, centra su investigación en cinco de los doce ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que contrataron con el conseguidor de la trama interterritorial, el valenciano Alejandro De Pedro. El magistrado asegura que aprecia «indicios racionales de delito» en las contrataciones que realizaron los consistorios de Valencia, Castelló, Elx, Gandia y Dénia. Los populares han perdido el gobierno en las cinco ciudades.

Mientras el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hace tambalearse los cimientos del PP cada vez que emite un auto y la Guardia Civil realiza un registro, ya lo ha hecho en doce grandes ciudades de toda España, la dirección de los populares en la Comunitat Valenciana mantiene la calma y se muestra con una «tranquilidad absoluta». La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró que ha hablado con algunos de los que entonces eran alcaldes populares y le han transmitido «total normalidad». La líder del PPCV defendió que «los contratos se firmaron, la prestación del servicio se realizó y, en el caso de Castelló, no llegó a pagarse porque saltó el escándalo y el alcalde decidió no pagar».

Para la dirigente popular, «una cosa es que haya una empresa en una trama presuntamente corrupta que se está investigando y otra es que todos los contratos que se han hecho con esa empresa sean ilegales y sean de corrupción». Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia aseguró en un comunicado que colaborará con el juez Eloy Velasco en la investigación. Asimismo, la concejala del grupo municipal popular de Valencia Beatriz Simón y exconcejal con Rita Barberá resaltó la «total colaboración» que el anterior equipo de gobierno local mostró «desde el primer momento con la investigación del caso Púnica», y resaltó que «no hay nada que ocultar».

El juez Eloy Velasco consideró tras recibir la documentación intervenida por la Guardia Civil en los registros que «Alejandro de Pedro realizaba trabajos de reputación en la red para autoridades y cargos electos que generan una deuda a su favor que más tarde se sufraga por dichos cargos públicos por procedimientos irregulares, ya sea mediante el pago directo o facturación de terceras empresas, adjudicatarias de la administración, o mediante la inclusión del coste de estos trabajos de reputación en contratos públicos previstos para otro propósito y que luego se facturan a empresas de Alejandro De Pedro».

Estos cinco consistorios valencianos contrataron reputación en redes sociales para las instituciones o publicidad para la red de periódicos digitales que montaba en las ciudades donde quería conseguir las contrataciones. Todas gobernadas por el PP.