La macrocausa judicial en la que se investiga una presunta trama para el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos en administraciones del PP trasciende Imelsa y la propia diputación, pero la empresa pública y la institución provincial constituyen dos de las ramas principales de esa red de supuestas mordidas a partir de 2007, cuando Alfonso Rus llegó al Palau de la Batllia y Marcos Benavent a la gerencia de la empresa provincial. Para entonces, Benavent ya tenía más de diez horas de grabación de conversaciones con interlocutores políticos y empresarios en las que se amañaban presuntamente contratos. Luego fue ampliando la fonoteca.
Entre las adjudicaciones que están siendo investigadas por la Fiscalía figura la del centro de atención telefónica a los contribuyentes de aquellos municipios que tienen cedida la recaudación tributaria a la diputación. Imelsa paga mensualmente 35.000 euros a la concesionaria del «call center», según ha podido saber Levante-EMV. Los nuevos gestores de Imelsa han decidido no renovar la concesión. El centro telefónico se adjudicó en mayo de 2013, tras salir a licitación por 2,26 millones de euros. La diputación, concretamente el área de Hacienda que dirigía Máximo Caturla (una de las piezas clave en la presunta red de captación de comisiones), encargó a Imelsa la prestación de este servicio a través de una encomienda de gestión. La beneficiaria de la privatización del servicio fue Servimun, firma con solvencia y experiencia en gestión tributaria aunque no en «call center», según fuentes provinciales.
Una empresa con plusvalía
La mesa de contratación formada por técnicos y presidida por el exconsejero delegado de Imelsa, Rafael Pérez, otorgó 86,05 puntos a esa mercantil, por delante de los 74,23 que logró el Grupo Eulen. La concesionaria tenía valor añadido: como responsable del centro colocaron a quien había sido cuñado de Marcos Benavent.
El exsuegro de éste y examigo íntimo de Alfonso Rus, Mariano López „padre del jefe del «call center»„ frecuentaba Imelsa y la diputación de forma habitual, como suegro y como amigo de Rus. La separación matrimonial de Benavent enfrió las relaciones con su exsuegro y los retrasos en el pago a la contrata del «call center» empezaron a ser moneda corriente y cada vez de mayor cuantía. Rus y Caturla presionaban para que la minuta mensual se abonara y no se acumularan atrasos.
En la investigación bajo secreto de sumario, la Fiscalía ha revisado hasta el último detalle de un contrato cuyas condiciones han sido cuestionadas por técnicos de la propia diputación. Entre otras razones porque Imelsa paga el alquiler de 4.800 euros mensuales por el local del «call center», los gastos de luz, el agua y demás. Todos los costes, salvo las nóminas de los teleoperadores. Una docena según contrato, aunque fuentes provinciales indicaron que el número se ha reducido.
Las condiciones de la concesión no solamente están bajo la lupa judicial. También están siendo investigadas por la Agencia Tributaria, que ha solicitado a la diputación el expediente del contrato y los pagos realizados para comprobar la liquidación del IVA y del Impuesto de Sociedades.
Los nuevos gestores de la empresa pública han tomado la decisión de cortar la relación con Servimun cuando expire el contrato el 31 de diciembre. Ni el nuevo gerente de Imelsa, José Ramón Tíller, ni la vicegerente, Agustina Brines, ni el diputado de Hacienda, Toni Gaspar, son partidarios de la fórmula de ceder a una empresa privada el servicio delegado por la diputación a través de una encomienda de gestión.
