La raíz de la crisis desatada en la Iglesia de Mallorca es el vínculo de Javier Salinas con una integrante de su equipo episcopal. La intervención firme del Vaticano, adonde el obispo viajó la semana pasada para dar explicaciones durante cuatro días, se sustenta en el voluminoso aporte documental acusatorio efectuado desde el entorno de la colaboradora. Todos los participantes en el conflicto lucen impecables credenciales católicas, y pertenecen a la alta sociedad mallorquina.
La participación de detectives privados da idea del encono de las denuncias contra Salinas. Los investigadores de una agencia palmesana ya desaparecida buscaron pruebas contra el obispo y su colaboradora, en el propio Palacio Episcopal. El informe resultante consta de ocho folios y contiene varias fotografías, en las que aparece la imagen del prelado. Las entradas y salidas del recinto no se corresponden con el horario ni desempeño laboral.
El informe de los detectives contratados por anfitriones del obispo fue remitido a la nunciatura de la Santa Sede en Madrid, donde monseñor Renzo Fratini sigue los acontecimientos con interés y al minuto aunque desbordan su competencia. El trabajo de los investigadores ha sido calificado de «indiciario pero no definitivo», por expertos en las labores de seguimiento. Tanto el entorno como la personalidad afectada dan cuenta de las serias implicaciones de lo ocurrido.
El nombramiento efectuado por el obispo en su círculo íntimo de colaboradores ha sido tildado de «conflictivo» por conocedores de las interioridades de la diócesis. De hecho, Salinas se vio obligado a anularlo en el breve plazo de un mes, ante las repercusiones familiares y sociales. Para entonces ya había adquirido consistencia una denuncia por múltiples vías, que partió como es frecuente de la revisión de una factura telefónica. La multiplicación de llamadas, en horario intempestivo y con una extensión desacostumbrada, supuso la espoleta de la indagación posterior.
El informe de los detectives se complementa con una declaración personal del círculo de los afectados. Redactada con un lenguaje descarnado, formula una acusación rotunda en términos eclesiásticos contra el obispo. Fue confeccionada por triplicado. Una copia fue entregada al prelado en su propio palacio, otras dos fueron remitidas a la nunciatura de Madrid y al Vaticano, obligado a tomar cartas en el asunto ante el cariz de los acontecimientos.
Los efectos institucionales del conflicto se superponen con los dramas familiares en que se ve envuelto Salinas. La crisis se tradujo hace dos semanas en la ruptura de un matrimonio católico de larga duración, a través de una demanda sustanciada en los tribunales civiles. Los acontecimientos se han venido escalonando desde el pasado verano.
El viernes 27 de noviembre, el jesuita Luis Ladaria oficiaba en la basílica de San Francisco la misa que inauguraba el año Ramon Llull. La visita del Secretario para la Congregación de la Doctrina de la Fe no fue ajena a que Salinas se viera obligado a viajar a Roma con premura la semana siguiente.
