La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que entró en vigor el pasado 6 de diciembre, ha permitido reducir a la mitad en tan solo 10 días los asuntos que llegan a los Juzgados de Instrucción de Valencia al eliminarse los de autor no conocido. Esta medida no supone menos trabajo judicial, pero sí la limitación de atestados que acababan archivándose, lo que quitaba tiempo a funcionarios y secretarios judiciales.
El artículo 284 de la Lecrim contempla que cuando no exista autor conocido en la comisión de un delito, la Policía Judicial será la que conservará el atestado hasta que practique diligencias y esté más avanzado antes de mandarlo al juzgado.
Antes, ante cualquier robo o estafa pequeña sin autor conocido „sustracciones de cartera o pérdidas de carnet, por ejemplo„, se remitían las actuaciones al juzgado, órgano que se veía obligado a sobreseer las actuaciones en más del 90 % de los casos puesto que al no encontrar al autor, no se podía perseguir el delito.
Con la nueva normativa, es la Policía la que se queda con los atestados por hechos sin autor conocido para avanzar diligencias salvo en cuatro casos: cuando se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales, y delitos relacionados con la corrupción.
Esta circunstancia ha permitido limitar el número de asuntos que llegan a los Juzgados de Instrucción y que en la mayoría de casos estaban abocados a ser archivados. En concreto, en 10 días
„del 6 al 16 de diciembre„ estos órganos judiciales registraron 1.734 asuntos frente a los 3.295 del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone una disminución del 47,7 %, según consta en los primeros análisis.
Así mismo, en un único día, el 6 de diciembre, jornada en que entró en vigor la reforma de la ley, los asuntos registrados en estos juzgados de Valencia bajaron un 43,4% respecto al 6 de diciembre de 2014, al pasar de 210 a 119. En algunas jornadas analizadas (días 12 y 13 de diciembre) los descensos llegaron al 78,3 % y al 74,1 por ciento respectivamente.
De esta forma, con esta medida llegan a los juzgados los casos que probablemente permitan y requieran de una instrucción, con lo que se tratará de asuntos reales.
La consecuencia inmediata supone, además, eliminar trabajo mecánico a funcionarios y letrados de la administración de justicia, con lo que tendrán más tiempo para dedicarse a otros asuntos más complejos o que requieran una mayor instrucción.
Por tanto, disminuye el trabajo burocrático innecesario y de atestados que acababan archivándose, lo que permite una mejor organización y que las estadísticas sobre asuntos de entrada en juzgados sean más fiables.
