El PP ha multiplicado por 26 la deuda de las empresas públicas de la Generalitat Valenciana en sus veinte años de gobierno. Cuando Eduardo Zaplana accedió al Palau de la Generalitat en 1995, tras doce años y medio de gobiernos socialistas presididos por Joan Lerma, se encontró con 18 empresas públicas que arrastraban unas obligaciones de crédito por valor de 191 millones de euros, según datos del Banco de España. Cuando Ximo Puig fue investido jefe del Consell el pasado 25 de junio, el endeudamiento de las empresas públicas de la Generalitat había ascendido a 4.944 millones de euros. Es el doble que el Producto Interior Bruto (PIB) anual —toda la riqueza que crea— un país como Andorra, o cinco veces mayor que el PIB anual de Somalia para sus más de diez millones de habitantes.
Así lo refleja un balance interno encargado por el nuevo Consell bipartito, a fecha 30 de junio de 2015, para conocer cuál es la herencia del PP que el nuevo Ejecutivo autonómico debe asumir en las empresas del sector público, un vivero de deudas que ha venido sangrando las finanzas de la Generalitat Valenciana con miles de millones en pérdidas y créditos aún no erradicados pese al rescate y la posterior jibarización mediante fusiones y supresiones impuesta desde Madrid. Sólo en la última legislatura, con Alberto Fabra como presidente, el endeudamiento de las empresas públicas del Consell casi se triplicó al pasar de 1.725 millones a rozar los 5.000 millones en rojo que dejó en junio.
Esos 4.944 millones de deudas a corto y largo plazo contraídas por el sector empresarial público —tanto con entidades financieras como con proveedores y otro tipo de acreedores— deben sumarse a los 40.262 millones de deuda que la Generalitat arrastra según los últimos datos oficiales (ahora rondarán los 42.000 millones). Esta hipoteca que asfixia a las arcas públicas y estrangula la política del Consell equivale al 40 % del PIB valenciano (el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas) y es tan grande como el PIB conjunto de los 39 países menos ricos del mundo: desde la isla polinesia de Tuvalu hasta la Suazilandia del África austral, pasando por Estados como Eritrea, Maldivas, Cabo Verde, Bután, República Centroafricana o las islas Seychelles.
El sello de la corrupción
Entre las veinte empresas públicas autonómicas, la que mayores números rojos arrastra es el Instituto Valenciano de Finanzas, el banco público de la Generalitat, con 898 millones de euros de deuda. Le sigue en segunda posición la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), la sociedad envuelta en la trama de corrupción del caso Emarsa, con un endeudamiento de 710 millones. El tercer puesto lo ocupa la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), que roza los 645 millones de euros en el pasivo de sus cuentas, casi la mitad a corto plazo. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) acumula 557 millones de deudas. Y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (el antiguo IVVSA, cuya actividad incluye la promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones de cualquier índole) suma una deuda de 474 millones.
Son las cinco primeras empresas públicas por volumen de deuda. A cierta distancia aparecen otras cinco sociedades públicas con un preocupante estado financiero. La primera, con 333 millones de deuda, es una vieja conocida: la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana SAU, creada por Zaplana en diciembre de 1996 y que se erigió en mascarón de proa de los grandes eventos y proyectos estrella de la etapa de Camps.
RTVV sigue coleando
El Ente Público Radiotelevisión Valenciana aún acumula 279 millones en deudas. La constructora de colegios, institutos e infraestructuras educativas de la Generalitat, Ciegsa, arrastra en su pasivo un desfase de 245 millones. Las otras dos sociedades públicas que completan este segundo pelotón del endeudamiento público empresarial valenciano son Ciudad de la Luz SAU de Alicante (230 millones) y Aeropuerto de Castellón SL (221).
Completan la lista de hipotecas públicas el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace, 141 millones de deuda), Culturarts (86), Vaersa (38), el Instituto Valenciano de Acción Social (37), el Circuito del Motor y Promoción Deportiva (34), la Agencia Valenciana de Turismo (13), el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM, 1,1), la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (0,33), el Patronato Misteri d'Elx (0,02) y Radiotelevisió Valenciana SAU (0).
