Sólo los responsables de la investigación sobre el caso Rus „la Fiscalía Anticorrupción, la UCO de la Guardia Civil y los responsables del juzgado de instrucción número 18 de Valencia„ sabían que ayer era el día «D», la jornada prevista para realizar las detenciones. Una vuelta del caso a las portadas que ahora añade más mordiente a los posibles pactos para formar un gobierno en la Moncloa, toda vez que sitúa al PP de nuevo ante la tesitura de estar preso de los escándalos del pasado. Levante-EMV ofreció 48 horas antes de que se desplegara la operación todas las claves de este asunto. Bajo el titular «La bomba retardada del caso Rus espera al PP», se avanzaba que la UCO y la Fiscalía Anticorrupción ultimaban decenas de detenciones y registros tras la colaboración que Benavent ha mantenido estos meses con la Fiscalía.

Un extenso informe en el que se daban datos sobre las ramificaciones del caso, la implicación de un exalto mandatarios del Consell „en referencia a Gerardo Camps„ o de una conocida empresa vinculada al partido desde los tiempos de Eduardo Zaplana, en referencia a Engloba Comunicación. Desde que empezó la investigación judicial y de la UCO de la Guardia Civil Civil, este periódico ha adelantado en estas páginas docenas de informaciones en exclusiva. El 1 de mayo de 2015, Levante-EMV fue el primer medio que publicó transcripciones de las grabaciones depositadas en sede judicial en las que se aludía al presunto cobro de comisiones por contratos y al desvío de una parte para la financiación del PP. En esa información, que abría el periódico, se ofrecía un pasaje en el que Benavent avisa a Caturla de que trasladará a Alfonso Rus que la supuesta comisión que iban a cobrar no podía ser mayor. A partir de ese día, se fueron ofreciendo diversos capítulos de las diez horas de grabaciones que siguen bajo secreto de sumario.

La implicación de Máximo Caturla como pieza clave en este asunto, la investigación del plan estrella de Rus para subvencionar la instalación de césped artificial o la construcción de piscinas y pistas de pádel, o los presuntos amaños de grandes contratos de la diputación „caso de Servimun o el de T-Systems- han sido desgranados en estas páginas. Al igual que la doble facturación o el supuesto desvío de caudales públicos a bolsillos privados a través de un entramado empresarial que pescó adjudicaciones provinciales.

También se cuantificó el dinero que habría expoliado supuestamente Benavent a través de las siete empresas controladas a través de sus testaferros y a las que otorgó unos 4 millones en contratos desde Imelsa, la empresa pública de la que Marcos Benavent era gerente.