El año pasado se aprobó la Ley Orgánica 3/2015 para mejorar control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos pero, según los expertos, existen una serie de «vacíos legales» que impedirán acabar con la financiación ilegal de los partidos. Así lo aseguró ayer la catedrática de Derecho Penal Inés Olaizola, durante la ponencia que realizó „junto a las también catedráticas Ángeles Jareño y María Luisa Curda„ en el III Congreso de Seguridad, Justicia y Sistema Penal, que hoy concluye en la Facultad de Derecho de Valencia, y que analiza «La justicia frente a la corrupción».
«La nueva ley, administrativa pero no penal, va por buen camino porque, por ejemplo, ahora sí se pide a los partidos que presenten sus cuentas a nivel local algo que, aunque nos parezca impensable, no pasaba», explicó ayer Olaizola. Sin embargo, la catedrática puso el punto de mira en las fundaciones vinculadas a los partidos a las que calificó de «auténtico caldo de cultivo para el trasvase de dinero a los partidos políticos».
«La nueva ley obvia el papel de las fundaciones, y es la clave. Las mismas restricciones que ahora se imponen a los partidos políticos se deben imponer a las fundaciones. Lo único que tienen que presentar es el balance y la cuenta de resultados. Debería ser obligatorio que informaran sobre las donaciones que realizan y que se pudiera un límite a las mismas. Hasta que esto no cambie será difícil acabar con la financiación irregular, ilegal o corrupta de los partidos. Las fundaciones son entes opacos que nadie controla».
La profesora de Derecho Penal de la Universitat de València, Ángeles Jareño, criticó durante su ponencia que, en casos de corrupción, «se condene de la misma manera al cargo público y al funcionario» ya que la conducta del primero «sí supone un socavón en los cimientos del sistema democrático».
La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I, Maria Luisa Cuerda, aseguró que la mayoría de los asuntos de corrupción están por sentenciar y los que ya tienen sentencia o están resueltos «no cubren las expectativas previstas». Por ello, argumentó que la solución a la corrupción no se encuentra en una reforma del Código Penal ya que «los problemas son otros».
«Faltan mecanismos de control eficaces porque los que hay no funcionan; en segundo lugar es necesario otro modelo procesal porque el que tenemos no es propio de este siglo y no resiste más; y en tercer lugar las medidas son insuficientes ya que, por ejemplo, la Fiscalía cuenta con la misma plantilla que cuando se creó. El número de fiscales es el mismo, las las unidades adscritas de Hacienda solo cuentan con 10 funcionarios que solo en diciembre de 2014 tenían que realizar 231 informes (23 por funcionario teniendo en cuenta que trabajaran sábados y domingos y sin contar el tiempo que están en los juzgados durante los procesos), más 10 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y 15 de la Guardia Civil», explicó la experta.
Todas las deficiencias del sistema tienen como consecuencia «penas impuestas a destiempo que desacreditan el modelo de justicia» ya que existe «una diferencia brutal» entre las penas que pide el fiscal, los datos investigados y la sentencia final. Y para muestra, la letrada puso el caso Fabra. «Desde que se inició el proceso hasta que Carlos Fabra entró en prisión pasaron 12 años. Fue condenado por cuatro delitos fiscales con 4 años de cárcel», concluyó.
