La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático ha recuperado y activado la unidad encargada de tramitar las sanciones por el el uso negligente del fuego que sigue estando entre las principales causas de incendios en la Comunitat Valenciana.
Delia Álvarez, directora general de Prevención de Incendios Forestales y Educación Ambiental, reconoció que la unidad—compuesta solo por tres personas y sin ningún jurista— había quedado dentro de lo que fue la conselleria de Gobernación y sin ninguna conexión con Medio Ambiente, donde se encuentra la guardería medioambiental como agentes de la autoridad y las patrullas de vigilancia preventiva encargadas de detectar las quemas ilegales que constituyen el foco principal de las negligencias con resultado de incendio forestal.
«Hay muchos expedientes atascados», reconoció.
Delia Álvarez aseguró que el actual equipo de la conselleria opta siempre por vías de «concertación» y conciliación de intereses con los usuarios del monte, aunque admite también que pese a instrumentos «muy eficaces» como los Planes Locales de Quemas, las campañas divulgativas y la vigilancia preventiva, el número de negligencias continúa siendo muy elevado y provoca cada año la desaparición de cientos de hectáreas de superficie forestal.
Para los analistas de la causalidad en incendios forestales, existe un grupo «irreductible» a los que dificilmente se les puede llamar «negligentes» que hacen uso del fuego en el monte al margen de los planes de quemas, de las alertas meteorológicas e incluso de las prohibiciones estacionales, cada vez más amplias debido a las sequías y al calentamiento del clima.
A este grupo iría dirigida la reactivación de la unidad, según explicó Délia Álvarez.
Impunidad
En 2013, último año con balance oficial , las «negligencias y causas accidentales» estuvieron detrás del 31,6% de los incendios.
En 2014 el Consell anunció la aprobación de un decreto que regulaba los procedimientos aplicables a la repercusión de costes por la movilización de los servicios de emergencias.
Entre los objetivos de este decreto figuraba el de propiciar acciones ejemplarizantes y disuasorias frente a quienes hacen caso omiso de las disposiciones, recomendaciones y advertencias de los servicios de Emergencias.
En el caso de los incendios, el responsable de las llamas, incluidos los casos de negligencias, tendría que hacer frente al pago de entre 9 y 26.000 euros.
No consta, sin embargo, que estas sanciones económicas se estén aplicando.
Santano Álvarez, presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana aseguró recientemente que este colectivo ha presentado «centenares» de denuncias por quemas en Alerta 3, fuera de horario autorizado, sin medidas de seguridad, etc.»
«Algunas expedientes tardan años en resolverse, las sanciones no llegan y la gente sigue quemando cuando decide que tiene que quemar», aseguró.
