La prometida auditoría a los centros sanitarios del modelo Alzira comenzará este viernes por las Urgencias del hospital que está en el origen del sistema y que le dio nombre: el hospital de la Ribera. La Conselleria de Sanitat Universal se pone así manos a la obra en la tarea de revertir 17 años de controles inexistentes a los hospitales de gestión privada que actualmente funcionan en la Comunitat Valenciana desde 1999: el de la Ribera en Alzira, Torrevieja, Vinalopó, Elx-Crevillente y Manises.
Una de las primeras promesas de Montón a su llegada a la conselleria fue la de revertir estos centros sanitarios a gestión pública pero, en el camino -y mientras se pule el cómo, el cuándo y, sobre todo, el cuánto- la administración ha puesto en marcha la maquinaria para depurar las liquidaciones económicas y, ahora, realizar los controles de calidad asistenciales y de infraestructuras que sí estaban previstos en las cláusulas de la concesión pero que, al parecer, nunca se pusieron en marcha.
Según anunció ayer el subsecretario de la Conselleria de Sanitat Universal Ricardo Campos en presencia de la consellera Carmen Montón, este viernes 26 de febrero comenzará la auditoría con una primera reunión «con los comisionados, el comité de empresa y el subdirector de Inspección sanitaria de concesiones, Carlos Martínez Blanco» para pasar después al estudio de la documentación hasta el día 2 de marzo. Ese miércoles, de hecho, los inspectores visitarán las urgencias del hospital. Según Montón era lógico iniciar la auditoría por este servicio ya que es uno de los «más relevantes» en cuanto a calidad asistencial y se acumulaba una mayor «demanda» de control.
Los resultados se harán públicos «en cuanto los tengamos, los primeros interesados en acelerar los tiempos somos nosotros», insistió ayer la consellera.
Las inspecciones sobre el terreno comienzan además en el centro -gestionado por el principal grupo empresarial en el sector, Ribera Salud- que está más cerca de agotar el tiempo de la concesión (en marzo de 2018) y, si se cumplen las promesas políticas de Montón, de volver a la gestión pública.
Tranquilidad para los empleados
Montón quiso ayer tranquilizar a los cerca de 1.700 trabajadores del departamento de la Ribera, cuyo futuro está todavía en el limbo de cumplirse la reversión. «Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Tenemos dos años, tiempo de sobra para resolver de manera correcta y que no haya ningún perjuicio para los trabajadores».
Con la renovación descartada, los empleados podrían ser repescados por una empresa pública que se cree ex profeso o, en el escenario más probable, que tengan que pelear por su plaza, que saldría a concurso. Son unos 300 trabajadores del departamento dependen ahora directamente de la conselleria.
