El Consell no tiene intención de perpetuar el modelo de gestión sanitaria en manos privadas que puso en marcha el Partido Popular por lo que estaría dispuesto a vetar una posible compra del paquete de acciones de DKV por Ribera Salud si la aseguradora intentara vender sus participaciones ante la posibilidad de abandonar Marina Salud SA, la concesionaria del área de la Marina Alta.
Así lo aseguraron ayer fuentes cercanas a la Conselleria de Sanidad después de conocerse que los socios de DKV valorarían «con interés» una posible compra del 65 % de acciones en manos de la aseguradora y que daría como resultado hacerse con el control total de la gestión en el departamento al sumarlas a su 35 % actual.
Pese a que, en una operación habitual entre socios, Ribera Salud tendría derecho de tanteo sobre las participaciones de DKV, en este caso y al tratarse de una concesión de gestión pública, la administración tiene la última palabra en cuanto al cambio de manos de las acciones. Fuentes del Consell ya adelantan que no sería un sí a la venta ya que se estaría contraviniendo los principios mismos de su política sanitaria.
El gobierno autonómico ha visto en las acciones de DKV -que acumula pérdidas por la gestión de la Marina- otra vía de cumplir con el Pacte del Botànic y recuperar para la gestión pública al menos una de las concesiones sanitarias.
El president Ximo Puig lanzó el órdago para sorpresa de propios y extraños en su visita a Pedreguer de esta semana y tras recibir, como es habitual, las quejas de responsables municipales y vecinos tanto por la atención sanitaria que se presta como por la falta de instalaciones «necesarias» como un nuevo centro de salud en el municipio. Puig aseguró que había ordenado a la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón y al conseller de Hacienda, Vicente Soler, la apertura de negociaciones con DKV para explorar la vía de la compra de las acciones después de que el consejero delegado del grupo asegurador, Josep Santacreu, dijera hace dos semanas que la compañía estaba «obligada a tener abiertas todas las opciones» tras las pérdidas acumuladas, de 3 millones de euros según el balance de cuentas de 2015.
Soler ya ha encargado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), un informe sobre cuánto costarían estas acciones. Al menos, se espera que sea menos que un hipotético rescate de la concesión antes de cumplirse los 15 años de contrato (que vencen en 2024). Desde Sanitat, por su parte, ya se han sentado a la mesa con los responsables de DKV en más de una ocasión. Con la puerta cerrada, Ribera Salud ya no podría aspirar a controlar al 100 % su cuarto departamento de salud (ya lo hace en Torrevieja, la Ribera y Vinalopó). Con todo, fuentes cercanas a la gestora ven «poco factible» que la apuesta de Puig llegue a buen puerto, más que nada, por la falta de financiación.
