Sin tiempo para digerir la bomba de la marcha forzada de Rita Barberá del partido al que ayudó a fundar, los populares valencianos tuvieron que encajar ayer, en pleno debate de Política General, otro torpedo político: el levantamiento del sumario de la pieza principal del caso Taula que salpica, entre otros ex dirigentes del PP; a tres cargos del PP en activo y que abre de nuevo una crisis con final incierto en la organización. El vicepresidente segundo de las Corts y diputado popular, Alejandro Font de Mora; el diputado nacional y exvicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, y el actual diputado y presidente provincial del PP, Vicente Betoret, son tres señalados en un investigación que se ha convertido en una pesadilla para la cúpula regional ya que arruina el proyecto de un nuevo PP, limpio de polvo y paja, en el que está volcado su lideresa Isabel Bonig. El sumario apunta también al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, con plaza vitalicia en el Jurídic Consultiu, pero fuera de la política activa.
La bomba de Taula, temida pero esperada desde hace tiempo por el PPCV, impacta en tres estructuras distintas: el Congreso (Gerardo Camps), las Corts (Alejandro Font de Mora) y el partido (Vicente Betoret). Con todo, es en el ámbito orgánico de la provincia de Valencia donde las consecuencias pueden ser más profundas. El PPCV optó ayer por la prudencia en espera de conocer con detalle el sumario y poder evaluar hasta qué punto su contenido supone un obstáculo insalvable para que los afectados sigan en la primera línea. El futuro de Betoret es el que más preocupa ya que forzar su relevo implicaría un nuevo terremoto en una organización que hace año y medio se vio afectado por otra salida forzosa: la de Alfonso Rus. Betoret está en horas bajas desde que hace meses trascendió que su nombre estaba en el sumario.
El dirigente provincial es el único del entorno de Rus que se salvó cuando se desarrolló la operación Taula. Benavent sostiene que Betoret era conocedor de los chanchullos del partido (cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones) si bien admite que él nunca le repartió sobres. Los investigadores constatan que su participación no está acreditada, pero sostienen que sí era conocedor de lo que ocurría. Desde la dirección regional se apuntaba ayer, no sin razón, que el de Benavent, el yonki del dinero, no es precisamente un testimonio fiable y que es injusto que, sin más pruebas, la carrera política de los afectados dependan de un falso arrepentido.
Ahora bien, son conscientes de que tras lo ocurrido con Barberá y teniendo en cuenta el momento político actual (la negociación de un nuevo Gobierno en Madrid) la línea roja se ha movido tanto que ya no es necesario que se active con la imputación. «La presión mediática sobre Génova es la clave», reflexionaba ayer un cargo popular. Según los estatutos, Betoret, en su calidad de presidente provincial, está bajo el régimen disciplinario del comité de garantías de la dirección nacional. Es es el órgano, a quien llegado el caso, le correspondería abrir expediente. Sin embargo, para ello tendría que haber una imputación formal que no existe y que quizás no exista nunca. La dirección nacional, de momento, está interesada en conocer a fondo la investigación antes de tomar medidas. De momento, en pleno terremoto por el caso Barberá, el caso Taula logró espacio en los informativos nacionales. La cuestión, por tanto, es si la presión por la sombra de la sospecha puede llevar a Bonig a forzar el relevo, aunque sea provisional, de Betoret al frente del partido. «¿Donde queda la exigencia de ejemplaridad?», apuntaba un diputado.
El dirigente provincial ha estado resistiendo estos meses, pero quienes lo conocen descartan que se enroque si le piden que se aparte. Con todo, las relaciones con Bonig son frías y existe desconfianza. En los últimos tiempos, como ha venido informando este diario, se han barajado ya alternativas a Betoret. La portavoz del grupo popular en la diputación de Valencia, Mari Carmen, es la mejor situada para a corto o medio plazo hacerse con las riendas de la organización. De momento, el PPCV se agarra a la prudencia. Es lo único que le queda ante esta voladura incontrolada.
