La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) denunció ayer que la dirección del centro penitenciario de Picassent ha gastado más de 7.600 euros en cursos de boxeo y body combat para internos mientras ha suprimido los de defensa personal para los trabajadores.
El sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario indica que la dirección de la cárcel ha justificado la supresión de los cursos para los funcionarios de la prisión en la «falta de fondos».
Acaip criticó hace dos meses que en la cárcel de Picassent se habían autorizado un curso de boxeo, body combat y otros deportes de contacto, en el que pueden participar los internos de ocho módulos diferentes y las presas de dos módulos. El curso está impartido por un interno condenado por abusos sexuales a menores, según fuentes del mismo sindicato.
A juicio de Acaip, esta actividad supone un «enorme despropósito», ya que «se pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y también la de los internos», ya que las prácticas aprendidas pueden ser utilizadas en cualquier momento contra trabajadores o presos.
Acaip subraya que cada año varios trabajadores son agredidos por internos en el centro y que las peleas y amenazas entre reclusos son algo frecuente. Por eso, advierte de que las técnicas de lucha «podrían llegar a ser utilizadas una vez en libertad contra posibles víctimas». Asimismo, el sindicato defiende que «no se trata de una actividad, tal y como dice la Ley, que esté orientada a reinsertar en la sociedad a los internos cuando salgan en libertad, sino que es un mero entretenimiento, de carácter violento».
Acogidos a la Ley de Transparencia
Para conocer el coste de los materiales adquiridos para dicho curso, Acaip presentó un escrito en agosto en el que, en base a la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitaba información sobre el «importe económico invertido en la adquisición del material anteriormente citado que se emplea en esa actividad, desglosado por artículos».
La Administración penitenciaria reconoce en su respuesta que ha gastado en el curso y los materiales para impartirlo un total de 7.656,33 en todo tipo de protecciones, sacos, lona de ring, guantes, cascos, sujetadores deportivos y al menos 90 combas que, según sostiene Acaip, están prohibidas porque pueden servir para una fuga.
En un comunicado, el sindicato recalca que este caso refleja que «mientras se gasta sin rubor alguno toda esta gran cantidad de dinero público en este curso, el de defensa personal que se venía realizando todos los años para los trabajadores, este año no se realizará por orden de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Al parecer, por falta de fondos», lamentó la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Acaip se pregunta si esto es «el mundo al revés» o una muestra de «desprecio» de la Administración penitenciaria hacia sus trabajadores.
