«Soy funcionaria adscrita a la Conselleria de Transparencia. Ni yo ni mis compañeros sabemos muy bien a qué nos enfrentamos, son muchas las normas, los órganos y no entendemos muy bien cómo nosotros, que somos subordinados, vamos a poder controlar o sancionar a los altos cargos que nos dirigen». La reflexión, que partió de una asistente a las jornadas sobre el futuro del empleo público, organizadas hace unos días por la Conselleria de Justicia, evidencia que la apuesta del bipartito por la transparencia tiene, paradójicamente, zonas de sombra. «Todo cambio necesita un periodo de adaptación, aunque es verdad que se ha pasado de la nada al todo; de ver a los funcionarios como sospechosos de la corrupción a depositar en ellos el peso de garantizar una administración honesta», respondía una de las expertas. «En todo caso, hay un empacho de transparencia», remataba gráficamente otro de los ponentes.
Atracón o no, lo cierto es que la nueva Generalitat no anda precisamente escasa de instrumentos para luchar contra la opacidad y garantizar un gobierno «ético» alejado de las corruptelas del pasado. Tal vez, demasiados. Así lo piensan, no sólo empleados, sino también algunos altos cargos, sobre todo, a raíz de que el Ejecutivo se haya visto obligado a profundizar en iniciativas relacionadas con la transparencia y el control. El problema es que algunas de las cuestiones (convertidas ya en mandato legal) se han abordado no tanto por convicción, sino para no romper un relato que la izquierda ha basado en buena medida en la lucha contra la opacidad. El resultado es una amalgama de normas y organismos con competencias solapadas sin que, además, quede muy claro con qué recursos humanos y materiales se contará en tiempos de austeridad: Consell de Transparencia, Inspección de Servicios, Oficina de intereses, Intervención de la Generalitat, Oficina Antifraude... Órganos con denominaciones y funciones diferentes, pero también con muchos espacios comunes.
En el origen de ellos (aunque no de todos) está la Conselleria de Transparencia. En su día en el Consell hubo voces que cuestionaron su propia existencia. Este debate, sin embargo, ha sido superado por la realidad. El departamento que dirige Manuel Alcaraz era irrenunciable para Compromís en las negociaciones para la formación de Gobierno y es parte ya del organigrama de la Generalitat. En el año y medio transcurrido desde el Pacte del Botànic, Transparencia ha sido el Pepito Grillo de un Ejecutivo donde no existe unanimidad sobre cómo deben ser controlados sus altos cargos.
La aplicación y desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia que el Gobierno del PP dejó en herencia es una batalla que todavía no ha llegado a su fin y para la que Alcaraz se dotó de varias armas. Una de ellas fue la Inspección General de Servicios, un órgano de control ya existente cuyo objetivo es vigilar la aplicación de la legalidad en las actuaciones administrativas. Transparencia reactivó este servicio (arrinconado en la etapa popular) e incluso en su plan estratégico de 2016 y 2017 le asignó la prevención contra la corrupción y la transparencia como objetivo. Entre tanto, las Corts dieron carta de naturaleza al Consell de Transparencia, el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley con la misma denominación. Este órgano (en el que están representados todos los partidos) goza de independencia, aunque orgánicamente depende de la conselleria de Alcaraz. Y en su corta vida ya se ha rebelado contra su mentor. Los consejeros se quejan de la saturación de competencias y de la precariedad de recursos: tres funcionarios y un presupuesto de 60.000 euros.
Pero este dilema no es el único. Sin tiempo para digerir los mandatos de la Ley de Transparencia, el bipartito ha tenido que asumir otra, la de incompatibilidades de los altos cargos cuyo cumplimiento depende de otro organismo de nuevo cuño: la Oficina de conflicto de intereses. Deberá crearse en el plazo de seis meses y quedará adscrita a Transparencia. Nace, no obstante, con mucha incertidumbre. La ley no fue impulsada desde la conselleria, sino a iniciativa del grupo Compromís. El detalle es importante, porque el departamento que debe aplicarla reniega de ella. Además, necesita personal de una conselleria que ha arrancado con una plantilla mínima.
Para completar este galimatías, Compromís y PSPV han cedido a las pretensiones de Podemos de crear una Oficina Antifraude, un órgano independiente adscrito a las Corts cuyo objetivo es prevenir la corrupción y garantizar el buen gobierno. También debe velar por el buen uso de los recursos públicos. Un terreno del que internamente se ocupa la Intervención de la Generalitat y externamente la Sindicatura de Comptes.
