La Unidad de Delitos y Fiscales (Udef) de la policía nacional considera que la investigación sobre el presunto cobro de comisiones de Ribera Salud por las prótesis que implanta podría se constitutivo de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según explicaron fuentes judiciales. La Udef presentó un atestado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que abrió diligencias el pasado 13 de mayo. La Fiscalía provincial ha solicitado la imputación de los administradores de la central de compras B2B, Alberto de Rosa (también director general de Ribera Salud) y Pablo Gallart.

En el atestado se relataban unos hechos relativos al supuesto pago de comisiones por parte de los proveedores a la central de compras dependiente de Ribera Salud, como relata hoy Levante-EMV. Tras tener conocimiento de los hechos, el juez acordó requerir un informe a la Conselleria de Sanidad. El magistrado todavía no ha recibido ese informe, del que dependen la determinación de los posibles delitos y de las personas a las que se les atribuirían, según las mismas fuentes.

La Policía, en su atestado que nace de la denuncia de un sindicato, considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Desde que se abrió la causa se ha tomado declaración a varios testigos, según ha publicado hoy este periódico.

Desde el Tribunal Superior de Justicia explicaron que el pasado 4 de noviembre se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo máximo de instrucción al estar a punto de expirar los seis meses iniciales y estar aún pendiente la práctica de las diligencias anteriormente citadas (testificales e informe de la Conselleria de Sanidad).

En este momento ninguna de esas personas tienen la condición de investigado (imputado) judicial, confirmaron fuentes del TSJ.

El fiscal ha solicitado que, cuando se reciba el informe requerido a la Conselleria el pasado mes de mayo, se tome declaración a De Rosa y Gallart en calidad de investigados, aunque la Fiscalía Anticorrupción que acaba de encargarse del asunto deberá tomar una decisión al respecto.