Ecologistas en Acción del País Valenciano ha denunciado ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural la existencia de presuntas irregularidades en las mediciones realizadas sobre las emisiones contaminantes de la cementera Cemex en Buñol, que atribuyen a la empresa externa encargada del «control» de la instalación, a la propia cementera y a la «deficiente» fiscalización de los datos que realiza la conselleria.
Tras un detallado estudio de los datos aportados por la Generalitat a los ecologistas y por la empresa a la Comisión de Sostenibilidad, de ámbito comarcal y con sede en Buñol, Ecologistas en Acción solicita la apertura de un «expediente sancionador» contra Cemex España «por incumplimiento de las condiciones de la vigente Autorización Ambiental Integrada (AAI)» y a la Entidad Colaboradora de la Administración (ECA) SGS Tecnos «por irregularidades detectadas en las mediciones efectuadas en la factoría de Buñol en 2015».
Los ecologistas piden que Medio Ambiente solicite la retirada de la acreditación de inspección de SGS Tecnos «por las graves irregularidades detectadas».
Levante-EMV intentó ayer sin éxito conocer la posición al respecto de la denuncia tanto de Cemex como de SGS-Tecnos.
Las «irregularidades» en las mediciones detectadas llevan a la organización ecologista a destacar su «sorpresa» por el hecho de que no fueran detectadas por el Servicio de Inspección Ambiental de la Generalitat Valenciana en un informe sobre las emisiones a la atmósfera de la empresa fechado en 2016 que fue solicitado por los denunciantes.
Medidas no representativas
Los ecologistas cuestionan el número de medidas efectuadas por la ECA SGS: un único muestreo frente al mínimo de tres mediciones que se garantizan en otras comunidades autónomas «para garantizar la representatividad del valor finalmente suministrado».
Sí existe en las AAI otorgada a Cemex la obligación de que la ECA mida cada trimestre los valores relativos a las sustancias más toxicas: HF, HC1, metales pesados, dioxinas y furanos, Aseguran que se realizaron finalmente cuatro mediciones, ninguna en el primer trimestre.
Sí hubo una medición (30 de marzo) en el horno II de ácido clorhídrico, cuyos resultados no se remiten. La inspección volvió a medir el mismo valor el 11 de mayo y ofreció valores en el límite legal.
«Ya nos hemos encontrado en otras ocasiones que cuando la medición supera el Valor Límite de Emisión (VLE) no se contabiliza y ni siquiera aparece reflejada en los informes y se vuelve a repetir la medición hasta que, por fin, entra dentro de los valores reglamentarios», añaden.
Los ecologistas creen que para obtener valores dentro del límite se cambia la composición del combustible utilizado, «aumentando el coque y el fuel» en detrimento de restos de poda y «enerfuel», compuesto por «restos de residuos peligrosos con alta proporción de cloro».
«Nos encontraríamos -afirman- con una manipulación de las condiciones de operación para producir un sesgo en los resultados». De hecho la AAI establece que el fuel oil solo se utiliza en el encendido de los hornos, aunque demuestran que su uso es «común» en régimen normal de funcionamiento. Finalmente denuncian el cálculo defectuoso del caudal de humos que surge de la chimenea y que en muchas mediciones se use instrumental con las medidas de calibración caducadas «que compromete su veracidad».
