Los agentes de Homicidios de la Comisaría de Alicante que desde la noche de pasado viernes trabajan a destajo para esclarecer el asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala a la que mataron de dos tiros en la cabeza en el lavadero de un negocio de venta de coches propiedad de la familia ubicado en un polígono de Alicante, no descartan que el autor material de los disparos se encuentre aún en el país.
Pese a haber corrido que el sicario podía haber abandonado España tras cometer el crimen, lo cierto es que la investigación que se ha llevado a cabo hasta ahora no permite confirmar ese hecho y la posibilidad de que el asesino continúe aún en alguna parte del país sigue viva para los investigadores, que en su momento peinaron las salidas de la ciudad tanto desde el aeropuerto como a través de otros medios de transporte.
Después de la vorágine de los primeros días, cuando el entorno más próximo de la víctima fue desfilando por la comisaría, donde hijos, familia política y empleados declararon en calidad de testigos, la investigación ha entrado ahora en una fase en la que los resultados de las pesquisas se sucederán con mayor lentitud dada la laboriosidad que requieren.
Tal es el caso de otra de las diligencias que se están practicando, como es el análisis de los registros de las llamadas realizadas y recibidas tanto por la víctima como por su familia, allegados y trabajadores de los negocios familiares, un holding rentable que desde Alicante ha extendido sus redes a varios países de Iberoamérica, entre los que se encuentran Argentina, México, Brasil, Colombia o Perú.
Precisamente en estos negocios se centra otra de las líneas de investigación de los agentes, tal como ayer publicó este diario, en un intento por localizar allí alguna pista que permita esclarecer un crimen que mantiene conmocionada a la sociedad alicantina tanto por tratarse de una familia muy conocida como por las circunstancias en que fue perpetrado.
La malas relaciones que tenían los hijos de la víctima por la cuota de poder en los negocios familiares es otro de los aspectos en los que se sigue trabajando sin que, cinco días después del asesinato, se haya descartado nada salvo el robo.
Entre las pesquisas que están llevando a cabo los investigadores también se analiza el tráfico de llamadas registrado en la zona donde ocurrió el crimen, algo habitual en cualquier investigación policial.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, encargado del caso, ha decretado el secreto de sumario y su titular, el magistrado José Luis Lafuente, se está dedicando por ahora a estudiar y autorizar, si son pertinentes, las solicitudes que le realizan los agentes para practicar diversas diligencias, según fuentes jurídicas.
Esas diligencias pasan por la consulta de registros públicos y documentos tanto empresariales como bancarios vinculados a la fallecida, así como por el examen del tráfico de llamadas registrado por los repetidores de telefonía móvil más próximos al área del lavadero en las horas anteriores o posteriores al asesinato.
