Una delegación de 387 militantes y cargos del PP de la Comunitat Valenciana, el 12 % del total de compromisarios con derecho a voto en el XVIII Congreso Nacional del partido, desembarca hoy en Madrid con una misión entre manos: ganar influencia en los círculos de decisión y romper definitivamente el cordón sanitario que Génova impuso a la organización cuando el gobierno autonómico valenciano y sus líderes pasaron de ser espejo en el que mirarse a convertirse en un problema para Mariano Rajoy. El «nuevo PPCV» que lidera Isabel Bonig está embarcado en esta operación de descontaminación y lavado de imagen de una marca antaño de éxito, pero que ha pagado muy caro los casos de corrupción vinculados a la gestión popular.
El endiablado calendario judicial de asuntos turbios heredados jugará también hoy en contra de la organización ya que la cita para aclamar a Rajoy arrancará con la noticia de la confesión de los empresarios que financiaron ilegalmente al partido y la de la sentencia de Fitur, la primera de la macrocausa Gürtel que sentó en el banquillo a dos titulares del Consell de Camps.
La cúpula regional (que no cree en la casualidad del día elegido por el TSJ para hacer público el fallo) son conscientes del lastre de los casos de corrupción, pero sostiene que tras la renovación llevada a cabo y la política de mano dura defendida por Bonig (las líneas rojas contra los imputados), Génova debe levantar el veto. Bonig y los barones provinciales sopesaron hace unos meses plantar cara a Génova con una refundación del PPCV que al final ha quedado en nada. La continuidad de Rajoy al frente del PP y de la Moncloa ha hecho a los populares valencianos replantearse su estrategia y apostar por el pragmatismo huyendo del frentismo.
Esta política de colaboración con Génova (el PPCV ha estrechado lazos sobre todo con la nueva generación de vicesecretarios generales) ha permitido a Bonig apuntarse el logro de haber convencido a Rajoy de dejarle hacer primarias en su congreso regional.
Pero junto a este gesto, los populares valencianos reclaman sin mucho disimulo entrar en el círculo de Rajoy con una silla a ser posible en el comité de dirección (el sanedrín) o en el comité ejecutivo. Bonig, en una entrevista a LevanteTV, hizo valer la recuperación electoral lograda por su partido tras perder el poder institucional y sufrir la tormenta perfecta de la operación Taula.
El reto se antoja complicado, sobre todo, si, como todo apunta, Dolores de Cospedal sigue de secretaria general y no se produce ningún hueco en las vicesecretarías generales. Sólo el valenciano Esteban González Pons está en ese círculo de poder, pero el exconseller no mantiene un vínculo directo con Bonig y está centrado en Europa. La baza queda reducida a cambiar a la valenciana Susana Camarero (secretaria ejecutiva) enfrentada a Bonig, por alguien de confianza. El premio de consolación sería ampliar o mejorar con afines la presencia en la junta directiva, un órgano más amplio, con menor capacidad de influencia, pero en el que también se tratan asuntos claves de estrategia. Otra opción es entrar en comités especializados como el electoral o el de derechos y garantías. Sin embargo, también resulta complicado para el PPCV poner una pica en Flandes en un organo disciplinario cuya política contra la corrupción es mucho más descafeinada, como se ha visto con el expediente de los concejales.
La batalla de la visibilidad se librará también en las enmiendas. Salvo cambios de última hora, quedan vivas algunas claves para el PPCV como la de la financiación autonómica o la limitación de mandatos. Bonig tendrá, además, su minuto de gloria ya que defenderá la enmienda a la ponencia social, de la que ha sido coponente, para incorporar la custodia compartida.
