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Denuncia

Una plataforma denuncia que la mayoría de tutelas se retira a las familias más vulnerables

La Marea Turquesa critica que los servicios sociales separan a hijos de sus madres discapaditadas o que son víctimas de violencia machista

La valenciana Rosa A. Capella, abogada de Marea Turquesa.

La valenciana Rosa A. Capella, abogada de Marea Turquesa. f. bustamante

Se sienten maltratadas por quienes deberían protegerles. Afirman que la Administración les ha arrebatado, creen que sin motivo, lo que más quieren en este mundo, en lugar de ayudarles a ofrecerles una vida mejor. Por eso se han unido y forman la conocida como Marea Turquesa. Son madres a quienes los Servicios Sociales les han quitado la tutela de sus hijos. Integran diferentes asociaciones en toda España y, en julio, se unieron para formar la plataforma, que aglutina a 12 colectivos y trabaja en varias comunidades autónomas.

La valenciana Rosa Ana Capella es una de las cuatro coordinadoras estatales de la Marea. Esta abogada preside la asociación Luchamos por Ellos, de València. «Trabajamos por la defensa de los derechos de la infancia y las mujeres», explica. «Hemos visto que es a los sectores más vulnerables a quienes les retiran más tutelas y los hijos acaban ingresados en centros», asegura.

«Los centros de acogida de víctimas de violencia de género no cubren las necesidades de los menores y las madres. De hecho, muchas retiradas de tutelas se producen en ellos», lamenta Capella, quien afirma que descubrieron estas situaciones al atender a mujeres en las asociaciones.

Ejemplos que han detectado de retiradas que consideran que no deberían haberse producido, son el de una mujer catalana con una minusvalía y un problema de visión que, al convivir con su pareja sin estar casados, los servicios sociales consideraron que no podía cuidar el bebé.

Otro es el de una mujer que con 15 años dio en acogimiento voluntaria a un hijo, y ahora, 30 años después, le retiran la tutela de gemelos tras dar a luz, denuncian.

Desde Marea Turquesa critican que con la modificación de la Ley del Menor se perdió una oportunidad para especificar qué es desamparo, ya que la norma «deja una puerta abierta al criterio del profesional» y por motivos «dispares».

En estos siete meses de trabajo, Marea Turquesa cuenta con 200 asociados, atiende a una decena de familias al día, ha conseguido parar cinco retiradas de tutelas y han interpuesto denuncias contra centros de acogida de menores de Madrid, Badajoz o València por «intentos de violación y agresiones físicas», explica Capella. También afirman que muchos integrantes de los servicios psicosociales de los centros «no están colegiados».

La abogada valenciana asegura que hacen «seguimiento» de los casos de retirada de tutelas que les llegan: «Visitamos domicilios, estudiamos la documentación y preguntamos al entorno para saber cómo vivían los niños».

Tras esto concluyen que, en la mayoría de los casos, la Administración se extralimita y comete un «delito de prevaricación» al retirar custodias «de forma indebida». Por eso, consideran que estos «son los bebés robados del siglo XXI» y que existe «el mismo negocio que con Franco y en la Transición».

Y es que, la abogada explica que muchas «congregaciones religiosas y fundaciones privadas que regentan los centros hacen negocio con los niños». «Cobran entre 4.000 y 8.000 euros por niño al mes cuando ese dinero lo podrían recibir las familias», denuncia Capella.

La última alternativa

Sus quejas y conclusiones las han presentado a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, y también en un escrito a los diferentes grupos del Congreso de los Diputados. «La retirada y el internamiento deben ser la última alternativa, no la primera», apunta la abogada. Así también lo considera el comité valenciano de Unicef. En el informe «La infancia en la Comunidad Valenciana» de 2016 alertan de que «en muchos casos» el desamparo es «el final de un proceso de riesgo social que no ha logrado prevenirse ni tratarse anteriormente mediante otros mecanismos de intervención social». Según el informe, el internamiento «debe ser el último recurso».

Así, el comité de Unicef en la C. Valenciana pide «un cambio de modelo, que apueste por políticas públicas de prevención y sensibilización para evitar la violencia, la exclusión social y el riesgo para la infancia».

El Observatorio de Menor del Síndic de Greuges también ha indicado en varios documentos que la «prolongación de los internamientos es especialmente preocupante» de cero a 6 años. Además, apunta que «las largas estancias en centros de protección, con una incertidumbre mantenida respecto de su futuro, tienen consecuencias que pudieran devenir irreversibles en su desarollo emocional y cognitivo».

Desde Marea Turquesa señalan la «carencia de recursos emocionales» de los centros, donde «se juntan menores en desamparo y otros que han cometido delitos o con problemas de conducta». Aseguran que muchas familias «sienten que los presos tienen más derechos», como visitas o permisos para salir.

La plataforma asevera que las mujeres son «víctimas de sus agresores pero también de la Administración», que «criminaliza la pobreza» y, en algunos casos, consideran que los servicios de protección de menores «más que proteger desprotegen».

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