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Bolsa de trabajo

Los dos jefes del Clínico trataron de impedir el archivo de las coacciones

La Fiscalía pidió parar la investigación para que no corrieran los plazos y que la causa no prescribiera - El juzgado "recibió" los datos de la víctima el 3 de marzo

Los dos jefes de Anestesiología del Hospital Clínico investigados en el juzgado por presuntamente coaccionar a una médico para que no aceptara la plaza para la que había sido llamada por bolsa intentaron mantener viva la causa y evitar el archivo de la investigación. Así se deduce del auto de reapertura de la causa dictado el pasado lunes por la titular del juzgado de Instrucción número 12 de València. En él, además de llamar a la presunta víctima y a los dos investigados (antes imputados) a declarar en mayo, se pide que digan si mantienen o no el recurso de apelación que pusieron en su día contra el archivo de la investigación, que la jueza ordenó el 30 de noviembre después de comprobar que el nombre de la presunta víctima de las presiones estaba equivocado en la denuncia de la Fiscalía.

Las motivaciones de los dos investigados para realizar esta petición no ha trascendido aunque sí es cierto que la Fiscalía fue la que pidió el archivo para que los plazos de la investigación no siguieran corriendo hasta que se encontrara a la verdadera víctima.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal marca que, para estos casos «sencillos», el tiempo máximo que se debe emplear en la investigación es de seis meses y, sino, la causa prescribe. Archivar el proceso para ganar tiempo es, precisamente, contraproducente para los intereses de los dos investigados: el jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Clínico y una de sus ocho jefes de sección, la que realizó la llamada conminando a la médico que había sido llamada por bolsa a que no aceptara el puesto al no tener el beneplácito de la dirección. «Aquí no puedes entrar así; haremos un informe negativo y estarás un mes», es solo una de las frases con las que se le presionó y que ella grabó.

Ahora, reabierta la investigación, la juez les da tres días para que digan si desisten de aquel recurso.

En el auto también se especifica que el juzgado no tuvo conocimiento de la verdadera identidad de la víctima hasta pasados tres meses del archivo. El informe de la Policía Judicial está fechado el pasado 13 de diciembre pero, según el auto, la secretaria tuvo constancia de él «el 3 de marzo», aunque no dice cuándo entró en la Ciudad de la Justicia. Además, la propia víctima (que está temporalmente fuera de España) contactó con el juzgado a través de un correo electrónico el día 8 de marzo, justo un día después de que fuera alertada del archivo de la investigación por este diario.

Ella misma dará cuenta de la conversación telefónica que grabó ante la juez a través de una declaración por videoconferencia el próximo 18 de mayo.

La Conselleria de Sanidad no se ha personado en la investigación ya que tienen un expediente disciplinario pendiente de resolver una vez haya resolución firme en los juzgados.

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