«Ante un niño acosado, los padres van al colegio. El 20% estudia el caso y actúa. Pero en el 80% restante, el acoso persiste y los padres insisten. Activar el protocolo significa que al niño se le coloca una diana. No hay medidas contra el agresor y la víctima no quiere ir al colegio. Cuando las faltas sin justificar se acumulan el director llama a los Servicios Sociales. A partir de ahí comienza el segundo calvario de la víctima. Si las familias firman la autorización para la 'intervención familiar' están perdidos porque esa intervención se centra en la familia de la víctima... A ver si el mal entorno de ese niño es el que causa el absentismo escolar. El acoso ni se investiga». Desde la la Asociación Valenciana Contra el Acoso Escolar (Avalcae) critican el «doble acoso» que sufre la víctima con «visitas de los asistentes sociales a sus domicilio, entrevistas con los orientadores en mitad de una clase... La intervención de Bienestar Social se convierte en un 'malestar social' para las víctimas y para sus padres, que temen que les quiten la custodia de sus hijos».
Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguraron que el absentismo escolar depende de la Conselleria de Educación que, a su vez, explica el proceso: «Los tutores comunican, llegado un número de faltas de asistencia de los alumnos, a las familias y al equipo directivo este absentismo. Según las faltas de asistencia se produce una comunicación a los servicios sociales del ayuntamiento y estos se lo comunican a Fiscalía de Menores que son los que abren el expediente de absentismo escolar con el informe que les traslada el centro y el de los servicios sociales».
