Un frente más entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra. Derecho civil valenciano, función social de la vivienda, nueva televisión autonómica (este se resolvió), infrafinanciación y ahora, cooperación al desarrollo.
Al ejecutivo central no le gusta el redactado del proyecto de ley sobre esta cuestión aprobado por el Consell en mayo pasado y ha pedido que se modifique. La posición de la Moncloa ha coincidido en el tiempo con el viaje a Cisjordania y Gaza de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. Una visita que cumplía con la normativa exigida pero que inquietaba en el Ministerio de Exteriores al tocar uno de los asuntos más sensibles en política internacional.
Precisamente, ese punto es el que cuestiona el Gobierno central del proyecto de ley valenciano: la intromisión en las relaciones internacionales, una competencia que considera propia del Estado. Por ello, advierte que algunos artículos de la norma en tramitación pueden ser inconstitucionales.
Lo dice literalmente en el escrito que, con fecha del pasado día 4, el ejecutivo ha remitido a la Generalitat y al que ha tenido acceso Levante-EMV. «Se consideran no constitucionales los aspectos del artículo 16 de colaboración en el ámbito internacional, por cuanto que el artículo 149.3 de la Constitución española atribuye al Estado las relaciones internacionales», subraya la carta con membrete del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría.
El punto 16 del proyecto de ley de la Generalitat se refiere a la colaboración del Gobierno valenciano con otras instituciones nacionales e internacionales e incluye un punto en el que señala que impulsa mecanismos de coordinación para la Agenda de Desarrollo Sostenible con otras comunidades, instituciones europeas y organismos internacionales.
El proyecto, ya en su preámbulo, especifica que la ley contempla "asumir el reto de un nuevo modelo de cooperación descentralizada". Y, a la vista de la misiva del Gobierno, parece que este no está por esa filosofía y quiere atar bien las competencias.
Así, pide que el texto de la ley "recoja el sometimiento expreso al artículo 20 de la ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el desarrollo". La citada norma estatal sí que aparece citada en los preliminares de la valenciana (asume sus principios, objetivos y directrices básicas, dice), pero no el punto concreto. El Gobierno del PP considera que los principios señalados en el proyecto desarrollado por la conselleria de Manuel Alcaraz "podrían no ser coincidentes con las prioridades" establecidas en la ley estatal. Entre esos principios de la norma valenciana, destacan la defensa de los pueblos indígenas al autodesarrollo y a la cultura, la lengua y la identidad propias, el fomento de la economía social o el enfoque de género en las acciones emprendidas.
Proceso de negociación
El conflicto está en su fase inicial. Está por ver si acaba en desencuentro legal o se alcanza un acuerdo antes entre las dos partes. El recurso ante el Tribunal Constitucional es la última bala que se guarda el ejecutivo de Mariano Rajoy.
En el pasado ha sido rápido en desenfundar (lo demuestran las actuaciones contra las distintas normativas modernas emanadas del derecho foral valenciano y tumbadas por el alto tribunal). Sin embargo, durante esta legislatura, con un gobierno en minoría y cuando las competencias territoriales han pasado del Ministerio de Hacienda (Cristóbal Montoro) a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el criterio es el de intentar un acuerdo.
Se ha visto en el caso de la ley de la nueva RTVV, donde el Gobierno central cuestionaba algunas preferencias a los extrabajadores de Canal 9, entre otros aspectos. Se creó una comisión bilateral que fructificó en un entendimiento.
Ahora, está por ver la postura del Consell sobre la Ley de Cooperación tras los cuestionamientos del ejecutivo central. Marcará si se camina hacia la formación de un grupo de negociación y si finalmente las discrepancias llegan al Constitucional.
Con todo, y a pesar de la críticas a Oltra por su viaje a Palestina (María José Català la comparó la semana pasada con Angelina Jolie), la solidaridad internacional es una patata caliente para el PP a la hora de elaborar estrategias de oposición.
El exconseller popular del ramo Rafael Blasco y toda la cúpula de su conselleria están en la cárcel o procesados en las distintas piezas por el saqueo de fondos públicos de cooperación. Un lastre difícil de llevar.
Frentes abiertos y cerrados con el gobierno
La financiación, en el epicentro de todas las batallas. Si hay una cuestión nuclear en los desencuentros entre el Gobierno y la Generalitat esa es la de la financiación. Los expertos están a punto de cerrar el documento que les ha solicitado el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo modelo de financiación, una cuestión esencial de la agenda política valenciana.
Derecho civil valenciano. El Gobierno ha cerrado la puerta a que el parlamento valenciano pueda legislar en virtud del Derecho Foral. Todas las normas valencianas emanadas, entre ellas las de custodia compartida o régimen económico matrimonial han recibido el rechazo del Tribuna Constitucional.
Acuerdos en comisión bilateral para la Agencia Antifraude o RTVV. Sí ha habido consenso sobre la ley de creación de la nueva RTVV (àpunt). En Moncloa chirriaban los beneficios previstos para los extrabajadores de la antigua Canal Nou y el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad fue reconducido después hacia una comisión bilateral, que terminó finalmente en acuerdo. También las dudas de inconstitucionalidad de la ley de creación de la Agencia Antifraude han quedaron resueltas por lo que el nuevo organismo puede comenzar a trabajar.
Función social de la Vivienda
La Ley de Función Social de la Vivienda, o la de pobreza energética también tienen aspectos que han sido cuestionados por el Gobierno.
Ley Valenciana de Cooperación. Otra de las normas valencianas que el Gobierno cuestiona es la de Cooperación porque considera que se inmiscuye en política internacional. Por eso, el ejecutivo de Rajoy acaba de dirigir un escrito al Consell en el que le advierte que el proyecto tiene elementos que podría chocar con determinados artículos de la Constitución como el que afecta a las competencias del Estado para dirigir la política internacional.
