Provincias o comarcas. Diputaciones sí o no. Es un debate que viene de lejos. La derecha defiende tradicionalmente las primeras; la izquierda valencianista, las segundas. Forma parte del ADN político de la Comunitat Valenciana. Tras veinte años de gobiernos del PP, la cuestión parecía muerta, pero ha resucitado ya en la primera mitad de la legislatura «del cambio». Incluso el gobierno de Mariano Rajoy (PP) está dispuesto a volver salir en defensa de la distribución territorial y administrativa que, entiende, consagra la Constitución.
El Consell aprobó y envió a Corts en mayo el proyecto de ley de mancomunidades, el cual contempla como principal novedad la creación de estructuras de este tipo de carácter comarcal, acogidas a lo que denomina «demarcación territorial histórica». La mancomunidad existía hasta ahora como agrupación de servicios entre municipios.
En Moncloa no ven los objetivos claros. Según ha podido saber Levante-EMV en fuentes del ejecutivo central, el documento está siendo estudiado detenidamente de cara a actuar contra él. Las medidas, como es habitual en estos casos, pueden acabar en un recurso ante el Tribunal Constitucional si no prosperan los requerimientos al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra para que cambie contenidos del proyecto.
De acuerdo con las fuentes consultadas, las diputaciones gozan de un reconocimiento constitucional que el Estado y sus servicios jurídicos han de proteger. En otras palabras, que se trata de una cuestión no de ideología, sino de respeto al marco jurídico.
Si el asunto acaba en recurso de inconstitucionalidad, no será una sorpresa. El ejecutivo de Rajoy ya actuó contra el decreto del bipartito de coordinación de las diputaciones. Este retiraba las competencias de turismo y deporte a las instituciones provinciales. Las de Alicante y Castelló, ambas en poder del PP, también llevaron la norma a los tribunales y el TSJ falló el pasado mes de marzo en su favor (atendió el recurso de la Diputación de Castelló).
Como en otros proyectos, el Gobierno toma como referencia el Consell Jurídic, que realizó varias observaciones esenciales (advertencias de posibles incumplimientos de la ley) sobre la normativa de mancomunidades. Incidían la mayoría de ellas en la aparición de la demarcación comarcal y en la facultad de la dirección general de Administración Local de regularlas.
El Consell aprobó el proyecto finalmente «oído» el Jurídic. Es la fórmula que se utiliza cuando no se han atendido todas las observaciones de este órgano.
Hay matices en el debate territorial. El PSPV ha buscado favorecer las comarcas a través de la citada ley de mancomunidades. Compromís, por su parte, presentó en primavera un proyecto de ley de demarcación comarcal que incluso proponía nuevas capitales de comarca. La formación de Oltra optó al final por aparcar la iniciativa ante las tensiones en la propia coalición y con los socios.
