El PSPV se ha encontrado con un problema sobrevenido a raíz del debate de política general de la semana pasada y la irrupción, por cuenta de Podemos, de la tasa turística en la agenda política. La propuesta del partido morado a favor del gravamen salió adelante gracias al apoyo de Compromís, los socios de gobierno de los socialistas, y estos se han encontrado de súbito con un debate en el que aparecen posiciones diversas dentro de las mismas filas.
Así, ayer mismo, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, no se movía ni un milímetro de su posición: el no a la tasa. Mientras, la titular de Turismo en el Ayuntamiento de València y portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, decía que sí, con condiciones. Y al sur, los ediles del PSPV de Alicante se declaraban rotundamente en contra.
Al fin y al cabo, la posición del partido es abierta. Dice que el tratamiento a la tasa turística no puede ser homogéneo, porque poco tiene que ver la estructura turística de Benidorm con la de Ademuz, por poner dos ejemplos evidentes. Por eso, de abrir la mano al tributo que ya opera en otras comunidades (no hay un criterio decidido), considera que debería trasladarse la responsabilidad a los ayuntamientos.
«Gravar solo el alojamiento legal cuando estamos ante un sector que genera mucha riqueza y empleo creo que no solo es un ejercicio reduccionista y un error, sino una injusticia», declaró ayer Colomer a Levante-EMV.
El responsable de la Agència Valenciana de Turisme (AVT) acepta como saludable el debate, pero ve en riesgo la relación de confianza establecida con un sector compuesto en una parte importante por pequeños y medianos empresarios. La voluntad de esta actividad económica «es clave», afirma. Y recuerda que «la totalidad», la de playa y la rural, en «las tres provincias», es contraria a nuevos impuestos.
«Necesitamos una política fiscal más imaginativa que cargar contra el alojamiento turístico», sostiene Colomer, quien insiste en que el «caladero» de ingresos está en la oferta clandestina y el intrusismo, contra el que propone un gran acuerdo.
¿Qué dice la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, la socialista Sandra Gómez? Acepta la aplicación de la tasa turística con al menos tres condiciones: que se aplique de manera consensuada con el sector, que los ingresos se reinviertan en la mejora de la oferta turística y que los ayuntamientos tengan plena autonomía para gestionarla.
Es una visión similar a la del alcalde, Joan Ribó (Compromís), quien pidió ayer a la Generalitat «flexibilidad» en la aplicación de una tasa turística para que cada ayuntamiento pueda implantarla en función de sus intereses y por sectores, de forma que sea diferente para hoteles y apartamentos. Además, Ribó defiende que se destine tanto a la promoción turística como al incremento del gasto en partidas como limpieza que generan los visitantes.
Por su parte, en ausencia del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSPV), convaleciente de una operación de apendicitis, la posición de los socialistas alicantinos es claramente contraria. La edil de Turismo, Eva Montesinos, señaló que «la imposición de una tasa turística atenta significativamente contra nuestra economía, al provocar una perdida directa de la competitividad del sector turístico de Alicante».
Si finalmente son los municipios los encargados de aprobar la mencionada tasa para gravar la pernoctación, «la ciudad de Alicante no adoptará bajo ninguna circunstancia lo que considera una imposición», zanjó.
El portavoz pide sosiego
Mientras, el portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, abogaba por un debate sosegado y «teniendo presente la legalidad, la oportunidad y los intereses del sector».
La Federación de Ocio, Turismo y Juego (Fotur) lamentó asimismo que el debate se haya abierto sin sentarse con el sector y consensuar una estrategia. Desde este enfoque, observa la tasa como «una imposición».
«Imponer una tasa turística lo único que va a hacer es perjudicarnos con respecto de otras comunidades que no contemplan esta tasa. Con ello se va a conseguir que los turistas decidan visitar otras ciudades», destacó la organización. Además, va a favorecer el alojamiento ilegal, «gran problema en la Comunitat Valenciana», subrayó.
El debate está abierto. Por ahora es más un problema que una oportunidad para el PSPV.
