Soler: "El problema no sólo está en Cataluña, hay que ir al modelo federal"

R Es una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo y que ha llegado al punto límite. Hay que tomar decisiones y el Estado de Derecho debe actuar, pero es verdad que el Estado de Derecho no es el único instrumento, el otro es la política, que sirve para canalizar institucionalmente las soluciones. Y quizás la política no ha jugado todo lo que debería.

P En su opinión ¿cuál es la clave para esa solución?

R Hace mucho tiempo que el modelo territorial está en crisis. La Constitución de 1978 definió un modelo y este ha empezado a hacer agua, en unos sitios más y en otros menos. Sin necesidad de haber llegado a donde hemos llegado, hemos de redefinir la Constitución y el modelo territorial. Creo que deberíamos ir a un modelo federalista y establecer instrumentos, como la financiación justa para todas las comunidades y en el que se respeten las identidades.

P¿Entonces ve factible una reforma constitucional donde los catalanes se sientan cómodos?

RSí. El otro día en el Nou d´Octubre, el presidente Ximo Puig dijo algo con lo que estoy de acuerdo: Deberíamos de tener un nuevo pacto de la Moncloa.

P ¿Y cabe la independencia?

R No, con la actual Constitución.

P ¿Y el derecho puede dar respuesta al conflicto catalán ?

R El Derecho puede dar respuesta, son las reglas del juego. Pasados 40 años no pasa nada por replanteárselo el modelo autonómico. El problema no sólo está en Cataluña. Es cierto que allí han habido otras circunstancias: la reforma del Estatuto, la cuestión de la identidad, etc..., pero en su conjunto este ha sido un Estado centralista. La estructura autonómica ha sido exitosa, ha aportado prosperidad económica, libertades, pero hay que plantearse un nuevo modelo de carácter federal, tendría más encaje. Hablo de una estructura más trasversal: activarse algunos mecanismos que no han funcionado como la conferencia de presidentes, un Senado realmente territorial, etc. Hay que garantizar que la ciudadanía, viva donde viva, tenga las mismas garantías en cuestiones del Estado de Bienestar y a partir de ahí, un reparto más justo en financiación. Los valencianos estamos con ese problema.

P El artículo 155 de la Constitución es ya famoso ¿Qué consecuencias tiene su aplicación?

R Hay muy pocos trabajos sobre el 155. Es un mecanismo tan extraordinario, que nunca nadie le había prestado tanta atención. Una vez Felipe González amenazó con usarlo porque los canarios no cumplían con alguna obligación de tipo fiscal. La sola amenaza sirvió para que pagaran. Se habla de que es la suspensión de la autonomía, pero en realidad no lo es. Supone que el presidente del Gobierno apercibe al presidente autonómico y le pide que vuelva a la legalidad. Y si no lo hace en el plazo señalado, el asunto llega al Senado y allí se deciden las medidas por mayoría absoluta. Esa es la teoría, pero no hay ejemplos prácticos.

P Aunque ahora parece que todo el mundo habla ya de la reforma constitucional...

R Sí, parece que al final será la salida, aunque se podría haber empezado hace tiempo. Hay que buscar un espacio en el que todo el mundo se sienta cómodo. Es un error no querer ver que hay tanta gente que no lo está. Los valencianos, que no estamos en las lides de Cataluña, estamos incómodos con la financiación. Y no es una bandera política, sino social.

P Sería aquí aplicable aquello de que «cuando veas las barbas de tu vecino...»

R Nosotros fuimos las principales víctimas cuando el modelo económico hizo aguas, pero también los catalanes sintieron la crisis. Pero no creo que aquí se llegue tan lejos. Lo de los catalanes es un proceso diferente.

P Usted no es nueva en la casa, ¿Cuáles son sus planes para esta nueva etapa?

R Aquí se hace un trabajo de estudio, técnico que nunca se llega a parar. Se podrían ajustar algunas cuestiones internas de funcionamiento o aspectos de proyección exterior, de dar a conocer el trabajo y prestigiarlo, aunque tiene ya el prestigio labrado estos viente años. También avanzar en la administración electrónica y en aspectos de transparencia y buen gobierno.

P La institución ha tardado un año en renovarse ¿Cree que esto ha perjudicado su imagen?

R Ha perjudicado más a quienes tenían que tomar la decisión en sede parlamentaria y no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Pero al Jurídic, no le ha perjudicado. Incluso que la renovación sea por partes es positivo porque no llega un pleno en el que de pronto todos los consejeros son nuevos.

P Podemos propone en su reforma del CJC que todos sus miembros sean elegidos por las Corts ¿Respalda esta idea?

R A los miembros de este consejo se les exige determinados componentes técnicos. No creo que se aporte más independencia en sus dictámenes y casa mal con la idea de que es una institución consultiva de la Generalitat.

P Hay quien podría pensar que no es posible un CJC independiente cuando quienes eligen son los políticos.

R Independiente significa que no es partidista. Es cierto que no hay oposiciones, uno entra porque alguien considera que tiene los méritos suficientes para estar. No todos tenemos que interpretar el derecho de la misma manera, no sólo por una cuestión ideológica, si no porque puede haber distintas sensibilidades. Además nuestro mandato es distinto al de la legislatura.

P Este año se han notado esas sensibilidades distintas con dictámenes con votos particulares sobre normativa del Consell en materia de lengua ¿Será la nueva tónica?

R Podría ser, aunque de antemano nunca se sabe. E insisto en que las disensiones no tienen por qué ser ideológicas.

P ¿Se ve ejerciendo mucho el voto de calidad?

R Me gustaría que no fuera así. Es mejor llegar a dictámenes de consenso, pero podría ocurrir. En todo caso, los votos particulares enriquecen los dictámenes.

P ¿Está preparada para resistir posibles presiones?

R Llevo tres años en el CJC y jamás nadie me ha llamado para nada, jamás. Y creo que ningún gobierno lo ha hecho a otros consejeros.

P Los ex presidentes de la Generalitat tienen derecho a un puesto vitalicio en el CJC ¿Podemos no ve claro que el expresidente Camps tenga silla?

R Funciona en el Consejo de Estado y en otros consejos consultivos. Los expresidentes aportan una visión no necesariamente jurídica, pero sí una idea de la Comunitat que enriquece. Otra cosa es plantearse por cuántos años, pero es una cuestión del legislador.

P ¿Le incomoda la presencia de Francisco Camps?

R En absoluto.

P La necesidad de paridad frenó la renovación del CJC. Al final se logró y además usted se ha convertido en la primera mujer en llegar a su presidencia ¿Queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad?

R Obviamente me honra ser la primera mujer y quizás eso haya solapado algo muy importante: El CJC es la primera institución con presencia equilibrada de hombres y mujeres. Y esto ha costado el mundo. ¿Que sí creo que queda mucho camino? Sí. Este gobierno apostó por la paridad, pero los partidos, cuando sólo tienen que proponer a una persona, les cuesta decidir que sean mujeres. Hay quien critica las cuotas, pero en realidad supone cumplir el principio de la meritocracia. Existen mujeres suficientemente preparadas, pero cuesta pensar en ellas. Sin desmerecer a los anteriores consejos, éste tiene aún que demostrarlo todo, pero en una cosa es mejor: se parece más a la sociedad gracias a la diversidad de su procedencia y también a que hay mujeres.

P¿Trabajará desde el consejo por la igualdad de género?

R Se está haciendo. Es importante que haya personas con formación jurídica en perspectiva de género. El problema es que cuando se legisla, se debe pensar en ciudadanos y ciudadanas, pero el Derecho sólo está conformado para un sujeto, el varón. En su origen se pensó para los ciudadanos, con exclusión de las mujeres. Luego el término no era neutro. El traje tenía medidas. Aunque ahora ya hay más instrumentos que sirven para que el que impulsa la norma se pare a pensar, queda mucha pedagogía por hacer.

P Su antecesor se sentó con Ciudadanos para tratar de convencerlos de la necesidad de la institución ¿Seguirá esa labor pedagógica?

R Y dio resultado en parte. En la composición actual hay una consejera a propuesta de Ciudadanos, luego asumieron que este órgano tiene su utilidad. La institución está contemplada en el Estatuto, eliminarla es adelgazar el Estado autonómico y empeorar la calidad democrática. Además, se acabaría con la inmediatez y las normas se retrasarían ya que tendrían que ir al Consejo de Estado. La mayoría de los dictámenes no son vinculantes pero son una suerte de control preventivo, de garantía para la ciudadanía y de legitimad para las decisiones del Gobierno.

P ¿Deberían dictaminarse también las leyes que surgen de las Corts?

R Es una cuestión que sugerimos a Podemos para su reforma. En Cataluña lo tienen. Sería bueno que pasaran por una valoración jurídica porque los diputados no tienen por qué ser juristas.

P ¿Qué futuras leyes le haría ilusión dictaminar?

R Por las materias en la que yo estoy especializada, la nueva Ley electoral y la adaptación de la Ley de igualdad de la Comunitat.