El gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), un laboratorio puntero a nivel internacional que dirige la alicantina María Blasco, trasladó a sus empleados el jueves el acuerdo alcanzado con el secretario de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el ministerio de Hacienda que permite prorrogar el contrato a varias decenas de investigadores de elite sujetos a convenios de obra para desarrollar un proyecto concreto.
El acuerdo no se ha hecho público todavía pero exige una modificación de la ley de Ciencia a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y, por lo tanto, se extiende a todos los investigadores sujetos a contratos o convenios limitados en el tiempo para desarrollar trabajos específicos.
Proyectos concretos
La compleja fórmula de vinculación laboral es la habitual para los centros de investigación. Los expertos son contratados para estudiar una materia concreta durante un tiempo tasado. La realidad es que muchos investigadores dedican vidas enteras a profundizar en determinadas líneas de trabajo. Pero las instituciones que les contratan no pueden permitirse el lujo de garantizarles contratos estables porque, en la mayoría de los casos, disponen de financiación limitada para proyectos muy concretos.
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la organización estatal de UGT, celebró ayer el acuerdo y dio por hecho que se extiende al conjunto de investigadores vinculados por contratos de obra a instituciones que se extienden desde las universidades públicas, los organismos públicos de investigación de las distintas administraciones, los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, o las fundaciones, como el propio CNIO.
Una casualidad provocó que el centro de investigación oncológica afrontara la posibilidad de tener que prescindir de cerca de 60 investigadores de primer nivel si el Gobierno central no accedía a modificar la ley de Ciencia. Antoñanzas ha sido muy beligerante al respecto de la necesidad de extender las excepciones que se permiten a ciertos universitarios a todos los integrantes del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Un universitario vinculado durante décadas a un instituto tecnológico de alto nivel estima que centenares de investigadores que trabajan en la Comunidad Valenciana se beneficiarán de forma directa de la modificación legal que debe introducir el Gobierno central, al menos para los presupuestos de 2018.
Responsables de la gestión de fundaciones públicas de la Comunidad Valenciana del mismo corte que el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas o el paralelo Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, las dos entidades con sede en Madrid que han llevado la voz cantante a la hora de enfrentarse a las restricciones a la prórroga laboral de sus trabajadores, aseguraron desconocer el detalle del acuerdo alcanzado con la secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación para arrancar concesiones al Ministerio de Hacienda.
Pero lo mismo que la dirigente sindical de UGT asumieron que no caben distingos entre entidades dedicadas a la investigación por razones territoriales y avanzaron que consideran el anuncio de acuerdo una muy buena noticia.
Vinculación diversa
Juanjo Lozano, responsable de Innovación de la ejecutiva del PSPV, sí que deslizó que las fórmulas de vinculación laboral de los investigadores con las entidades que les contratan son tan diversas que hay que descender al detalle para analizar qué técnicos se beneficiarán efectivamente del acuerdo que anticipó a sus trabajadores el jueves el gerente del CNIO.
