Más poder para el Síndic de Greuges. A punto de cumplirse treinta años de la ley que regula la citada institución de autogobierno, la Conselleria de Transparencia está en fase de elaboración de una nueva norma que busca reforzar la figura del Defensor del Pueblo valenciano por la vía de blindar sus competencias a la hora de investigar la actividad de la Generalitat y proteger a la ciudadanía de la posible vulneración de sus derechos. La norma, que se encuentra en fase inicial de consulta pública, se basa, según fuentes de la Conselleria de Transparencia, en «la puesta al día» de un marco regulador que está a punto de cumplir los treinta años y que se ha quedado obsoleto, ya que, por ejemplo, no recoge algunas competencias, como las de Justicia, transferidas a la Generalitat después de 1988.
La revisión que plantea el Consell para «reforzar su estructura, aclarar y actualizar el ámbito material de competencias» será profunda, tanto que los 38 artículos de la ley en vigor se ampliarán hasta superar el centenar . Como punto de partida y lejos de las propuestas de adelgazamiento del organismo propuestas en la etapa del PP, Transparencia plantea ampliar la estructura actual (Síndic de Greuges y dos adjuntos) para sumar al menos un nuevo adjunto.
Además, se medita un sistema de elección que garantice la paridad de sexos entre sus miembros. La actual estructura está conformada por dos hombres y una mujer. Al tratarse de un número impar no es posible aplicar el porcentaje de 50 % de hombres, 50 % de mujeres. Cabe recordar que recientemente, las Corts aprobó una modificación de los entes estatutarios para garantizar, según los casos, la paridad o la presencia equilibrada en los órganos directivos.
Control de los fiscalizadores
Entre los objetivos de la norma se propone regular la investigación en torno a la actividad de la Generalitat, así como la de los órganos estatutarios y se especifica que el síndic también podría indagar sobre la «inactividad» en el caso de que la inacción haya derivado en la vulneración de derechos y libertades. La actual ley ya capacita al Síndic para abrir investigaciones de oficio por la gestión del Consell, pero la nueva regulación planteada refuerza su cometido como organismo fiscalizador tanto en el caso de la Administración de la Generalitat como en otros órganos estatutarios. Desde el departamento que dirige Manuel Alcaraz se entiende que la Sindicatura de Greuges debe poder atender aquellas quejas de la ciudadanía que puedan producirse como consecuencia de la actividad administrativa o la inacción de los citados entes.
De esta manera, el Defensor del Pueblo valenciano vendría a ser un fiscalizador de otros organismos fiscalizadores. Además, desde la Dirección General de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, departamento que impulsa la citada ley, se quiere fijar aquellos ámbitos de actuación preferente y prioritaria de la institución con el fin de poner el foco en aquellas situaciones de riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad derivada de situaciones como la pobreza, la marginalidad, el desempleo, la violencia de género, la inmigración, la dependencia, etc, según consta en la documentación sobre la nueva ley.
El reforzamiento de la figura de la Sindicatura de Greuges incluye también dotarle de competencias para que la institución pueda instar a la interposición de recursos y conflictos de competencias delante del Tribunal Constitucional, si el síndic o la síndica entiende que se trata de temas directamente vinculados al ejercicio de sus competencias. En la actualidad carece de esta prerrogativa, que sí tiene el Defensor del Pueblo.
Un organismo más abierto
Por otro lado, la norma quiere ampliar los sujetos legitimados para instar el inicio de un procedimiento de investigación. Se trata, apuntan desde la conselleria, de adaptar la institución a los conceptos de transparencia, participación ciudadana, ética pública y buen gobierno. Se parte de la idea de que la ciudadanía quiere intervenir en la gestión de los asuntos públicos y aspira a controlar y vigilar la actividad de los poderes públicos. Se propone, además, para garantizar la independencia y la efectividad del trabajo del síndic, que se detalle la obligación de los poderes públicos de colaborar con la institución tanto en el acceso a las dependencias y registros como a la hora de proporcionar la documentación requerida.
Asimismo, la Conselleria de Transparencia quiere fijar por ley que la sede de la Sindicatura de Greuges esté en Alicante. Desde su regulación como institución de autogobierno al amparo del Estatuto de Autonomía, la sede de la Sindicatura ha estado en la citada provincia. Transparencia, sin embargo, quiere blindar esta ubicación por ley.
