A partir del próximo septiembre los centros educativos franceses estarán libres de móviles. Emmanuel Macron ha cumplido una de sus promesas electorales y ha acabado con la eterna lucha de los profesores contra los smartphones en las aulas. Sin embargo, esta medida no ha tardado en generar voces críticas -fuera y dentro del territorio galo- defendiendo la utilización de los móviles como herramientas educativas. Por ello, ¿es la prohibición total de los teléfonos la solución al problema?

Para Toni González, presidente autonómico de la Asociación de directores de Secundaria, este debate resulta "muy complejo", ya que estar a favor o en contra de la utilización en las clases del móvil "depende de cada centro". Así lo expresan fuentes de la Conselleria de Educación, la cual destaca que la regulación del uso de estos dispositivos se encuentra "en el reglamento interno de cada centro" y, dentro de este, cada profesor considera "si el uso de los móviles puede ser didácticamente beneficiosos en alguna práctica educativa".

En esta línea se muestra Vicent Ferrer, profesor y portavoz de la red cooperativa de experiencias TIC para la enseñanza en valenciano Un Entre Tants, para quien el uso de los smartphones en clase es necesario, aunque siempre "con control". "No tiene lógica prohibirlos cuando en el futuro van a tener que utilizarlos. Hay que enseñar a los alumnos a usarlos para que no los utilicen incorrectamente en clase", apunta el responsable, quien también insiste en que "prohibir solo complica más las cosas, no soluciona".

Un argumento similar sostiene Toni González, para quien prohibir el móvil en los centros educativos "puede servir como prevención para paliar su uso inadecuado, pero no es una solución completa", destaca el presidente de la asociación de secundaria.

Concienciación desde primaria

Pese a los beneficios en materia educativa en los institutos, la amplitud del problema se expande más allá de los adolescentes. En datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a los 10 años, el 25 % de los niños tiene teléfono móvil, una cifra que aumenta hasta el 75 % en los dos años siguientes.

Esta influencia hace que la concienciación deba empezar antes. Como explica González, la prohibición no es el mejor camino, sino que se debe apostar por dar pautas para que los alumnos sepan cómo utilizar estas tecnologías de manera educativa y, para ello, "hay que hacer una labor desde primaria en formación y concienciación de cómo utilizar los móviles".

Esta recomendación y normas generales de concienciación tendrían que venir acompañadas, según la presidenta de la Federación de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, de "un marco legal" y del establecimiento "de límites para controlar", aunque siempre respetando "la autonomía de los centros".

En su opinión, el uso de los smartphones debería "restringirse para evitar su uso personal" en los centros, ya que además "distorsionan la atención de los alumnos que se distraen mirando mensajes o comprobando si les han contestado en Instagram". Pese a esto, Rodríguez destaca que en las aulas hay que "apostar por el uso de las tecnologías de la información y las comunicación (TIC)", pero no con los móviles, ya que hay otras tecnologías que pueden "beneficiar más en el trabajo educativo como es el caso de las tabletas".

Enseñar a racionalizar y concienciar sobre el uso de los teléfonos inteligentes es también una actitud prioritaria para Màrius Fullana, presidente de la Federación Provincial de Ampas (FAPA) de València. Como expresa, desde la asociación "no somos partidarios de la prohibición", aunque si que consideran que su uso como herramienta educativa en las aulas puede llevar también a una "discriminación" hacia aquellos niños "que no tienen móviles inteligentes".

Por tanto, el debate de los teléfonos móviles en la Comunitat Valenciana también esta abierto. Este no pasa tanto por su prohibición, como en Francia, sino más por la concienciación para un correcto uso que evite, como manifestaba el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, que se convierta en "un problema de salud pública".