Los tres partidos que sostienen el Consell del Botànic, PSPV, Compromís y Podemos, consideran que el coste del alquiler que pagará la Agencia Antifraude a partir del 1 de febrero, diez mil euros al mes, es excesivo.
La agencia se marcha de alquiler pese a que existen espacios públicos suficientes que podrían acoger a la entidad que dirige el abogado Joan Llinares, que tras seis meses se ha cansado de esperar y deja las Corts con un enfado considerable.
La portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco, criticó ayer la falta de lealtad y nula colaboración que la Administración valenciana ha dispensado a Llinares a la hora de poner en marcha la agencia.
Podemos exige una solución y reclama que los recursos que se destinarán al pago del alquiler del edificio elegido, en la calle Navellos y junto a las Cortes, (120.000 euros en un año si antes no encuentran un edificio público) deberían destinarse a luchar contra el fraude.
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, añade que el alquiler privado no era la primera opción de la agencia por lo que también pide una solución rápida para que pueda hacerse un uso más eficiente del dinero público.
El síndic del PSPV Manolo Mata se muestra crítico, pero solo con el precio que pagará la agencia por instalarse en el centro de la ciudad.
Mata lo considera una «barbaridad» porque no ve la necesidad de que la agencia esté en una calle tan céntrica (Navellos), pero entiende que la entidad que dirige Joan Llinares es autónoma para tomar decisiones sobre su presupuesto (2,7 millones en 2018) e independiente del Gobierno valenciano y de las Corts.
El portavoz socialista incluso señala que la Generalitat no tiene obligación de suministrar una sede a la agencia. «Es la garantía de su independencia», resumió ayer preguntado por esta cuestión en las Corts. El Parlamento valenciano aprobó la ley de creación de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción en diciembre de 2016 y eligió director a Joan Llinares en mayo de 2017.
Desde entonces, la entidad se ubica en dos pequeños despachos de las Corts y seguía en espera de sede. Llinares ha elegido estos meses a parte de su plantilla entre funcionarios públicos y ya cuenta con siete personas de las 34 cuando complete la plantilla.
