El plan de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para acabar con la brecha salarial en el Instituto Valenciano de Acción Social y Sanitaria (Ivass) y ampliar su plantilla perjudicará la situación del personal de otras entidades del sector público. El aviso está contenido en el informe jurídico sobre el controvertido decreto-ley que Oltra insiste en sacar adelante a pesar de la oposición de la Conselleria de Hacienda, que hace más de un més alcanzó un acuerdo con el comité de empresa del Ivass para una mejora salarial progresiva.
Como ha contado este diario, el conflicto ha generado un serio enfrentamiento entre ambas conselleries aún no resuelto. Oltra insiste en un decreto que persigue mejorar la situación retributiva de 850 trabajadoras (la mayoría son mujeres con puestos precarios) y vía libre para nuevas contrataciones en 2018. Todo ello, además, sin tener que pedir permiso a Hacienda.
Así, se pide autorización previa de Hacienda para el nombramiento de personal temporal o funcionarios interinos y exención de la limitación al crecimiento de la masa salarial del personal del Ivass. El departamento de Soler considera inaceptable este planteamiento, pero tampoco la Abogacía de la Generalitat lo ve claro. No pone pegas legales al texto ya que reconoce que, aunque resulte extraño, un decreto ley puede modificar una norma, la de presupuestos, pero hace una advertencia sobre sus consecuencias. Recuerda que la ley de presupuestos generales del Estado marca que, salvo casos excepcionales, no se podrá a lo largo del ejercicio contratar personal temporal. El razonamiento es que si Hacienda deja de velar por el precepto, la responsabilidad se verá desplazada al Ivass.
Con todo, hay un escollo mayor. La norma estatal establece que las retribuciones no podrán experimentar un incremento global superior al 1 % . Si el Ivass queda libre para modificar al alza las retribuciones y contratar nuevo personal, la consecuencia es clara: «Si la masa salarial de alguna de las entidades integrantes del sector público de la Generalitat se incrementa por encima de ese límite porcentual fijado por el Estado, tendrá que decrementarse la masa salarial de alguna otra entidad, a fin de cumplir con la ley». La Abogacía admite que, a falta de una memoria económica, no puede pronunicarse sobre la trascendencia económica de la norma, pero sí deja claro que precisa el visto bueno de Hacienda.
