En la hoja de ruta de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas figuraba la creación de un nuevo modelo de residencias que se lleva gestando durante tres años.
El nuevo modelo se sustenta en seis pilares, o seis tipos de recursos a los que pueden acceder los mayores de la Comunitat Valenciana: plazas públicas de la Generalitat (por ejemplo, la residencia de Carlet); plazas públicas de los ayuntamientos; plazas de accesibilidad (plazas públicas en residencias privadas, tras la pertinente adjudicación de los concursos); plazas del tercer sector (ONG que gestionan residencias o centros de día para mayores y que entran por primera vez en el reparto del pastel con garantías y sin subvenciones nominales de por medio); PVS de Garantía (que es una ayuda que da la Generalitat al usuario para que pague una plaza privada si no hay una pública a su disposición a menos de 20 kilómetros de su domicilio) y PVS residencial, o el copago «de toda la vida», es decir, que la conselleria abona una parte de la plaza pública y el usuario pone el resto en función de su renta.
El nuevo modelo se pone en marcha por convicción y por obligación. Por la convicción de mejorar la calidad del servicio a los usuarios y por la obligación de reordenar la adjudicación de 2.000 plazas que el TSJ había declarado «ilegales» porque las licitaciones se habían llevado a cabo mediante un procedimiento negociado y sin publicidad.
Respecto a la negociación con el sector privado (las denominadas plazas de accesibilidad), Mónica Oltra anunció la adjudicación de 3.300 plazas a residencias privadas por valor de más de 196 millones de euros cuando el nuevo modelo comenzaba a gestarse.
El proceso se ha realizado en cuatro fases -las adjudicaciones tuvieron lugar en noviembre y diciembre de 2017; y enero y mayo de 2018- y ha concluido con la licitación de un total de 2.836 plazas a 29 empresas que han accedido a contratos con la Administración. El resto de las plazas anunciadas no se han adjudicado al resultar desierto el concurso.
Y es que los requisitos que ha exigido la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para llevarse el gato al agua no han sido baladíes. «Ya no basta con llenar residencias. Ahora se ha pedido calidad», aseguran fuentes de la consellería.
Por ello, en los criterios para adjudicar las plazas se ha valorado a aquellas empresas que ofrecían servicio de enfermería 24 horas, doble menú, habitaciones con sistema de climatización y cuarto de baño interior; y servicios gratuitos como peluquería, podología o acompañamientos al usuario cuando debe acudir al médico o tiene que realizar gestiones externas.
Todo ello para «mejorar la calidad del servicio y para que el usuario pague menos dinero por servicios que emplea en la residencia y que, hasta ahora, pagaba de su propio bolsillo». Y los números salen.
Así, la conselleria ha estimado cuánto ahorrará una persona mayor gracias al nuevo contrato con empresas privadas dentro del nuevo modelo residencial del Botànic.
En servicio de peluquería, la conselleria estima que el ahorro es de 45 euros al mes (por un corte de pelo mensual y lavar, secar y peinar una vez a la semana); en el servicio de acompañamiento el ahorro estimado es de entre 20 y 90 euros al mes.
Es más, las mismas fuentes aseguran que «se llegan a pagar 90 euros por servicio de acompañamiento de urgencia, ya sea ir al banco, a comprar, al médico... una vez al mes». El servicio de podología también está incluido aunque el ahorro estimado es de 3 euros al trimestre.
Así, en un año, un usuario de una residencia puede «ahorrar» entre 816 y 1.632 euros. «El servicio gratuito de podología lo tienen el 100 % de las plazas adjudicadas; el de peluquería el 94,5% de las plazas adjudicadas; el de acompañamiento lo tienen el 83% de las plazas adjudicadas; el de doble menú, el 100% de las plazas adjudicadas, el de habitación con baño propio, el 97% de las plazas adjudicadas y el de climatización en zonas comunes y en las habitaciones, el 94,4% de las plazas adjudicadas», concluyen.
