En el caso Emarsa se «dispuso frívolamente de unos fondos destinados a un servicio público tan esencial e imprescindible como es la depuración de aguas (...) Esta forma de actuar constituye un claro exponente de corrupción», señalan los magistrados de la sección primera de la Audiencia de València en la sentencia sobre el saqueo de la depuradora de Pinedo. Una fiesta contínua que comenzó alrededor de 2004 y se prolongó hasta el 26 de julio de 2010, cuando Emarsa fue disuelta y sus tareas asumidas por la Emshi (Entidad metropolitana de servicios hidráulicos). Una fiesta que tuvo una factura de 23,5 millones desviados de su destino legal. La sentencia del Caso Emarsa, redactada por los magistrados de la sección primera de la Audiencia de València, Jesús María Huerta Garicano, Luis Carlos Presencia Rubio y Juan Beneyto Mengó (éste último ponente) repasa a lo largo de 2.222 páginas, con minuciosidad y al detalle, la mecánica urdida por los 24 condenados de saquear los fondos públicos de la depuradora de Pinedo.
El gerente y el presidente de Emarsa son los que reciben las condenas más duras. Esteban Cuesta, el enfermero y alcalde pedáneo metido a gerente de Emarsa deberá cumplir doce años de cárcel. Enrique Crespo, presidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, también ha sido condenado a diez años de cárcel, si el Supremo no lo remedia. A Crespo dedican los magistrados una frase demoledora: «Es exigible una mayor exigencia de ejemplaridad que ha de pesar sobre quienes son autoridades elegidas por los ciudadanos y el perjuicio que conductas como las presentes ocasionan a la propia imagen y confianza que merece el sistema político».
Aunque el saqueo de la depuradora de Pinedo no habría sido posible, según la sentencia, sin la aquiescencia del exgerente de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), José Juan Morenilla (condenado a 9 años de cárcel); y del jefe de explotaciones de esta misma empresa pública, Ignacio Bernácer, a quien su confesión y devolución de parte del dinero ha permitido reducir a 3 años y seis meses la condena de prisión.
Los cuatro cabecillas del saqueo orquestaron, según la sentencia, este desvío de dinero mediante tres métodos: «simulación de expedientes de contratación, cobro de comisiones por la adjudicación de contratos en perjuicio de otros contratistas y el desvío de fondos por retirada de lodos y desbaste».
La mecánica ha sido destripada por Levante-EMV desde que estalló el escándalo. Emarsa pagaba a las empresas que estaban en el ajo 42 euros por cada tonelada de lodo, cuando apenas costaba por tonelada el tratamiento. Una mierda muy rentable para la trama. Ya que se llegaron a tratar 90.000 toneladas de lodo anuales. La diferencia era lo que se embolsaban los cabecillas del saqueo y los empresarios que entraron al trapo de esta inyección de dinero fácil.
La forma de repartirse el dinero público desviado al beneficio propio también ha quedado probada por los tres magistrados. Las mordidas se cobraban a través de cajeros automáticos. Y la sección primera de la Audiencia de València valida el mapa de la ruta del saqueo que hizo la Abogacía de la Generalitat cruzando datos personales de los supuestos cabecillas con las fechas en las que se extraía dinero de los cajeros. Un dinero que Emarsa había pagado a las mercantiles del empresario Jorge Ignacio Roca Samper, el fugado que fue detenido en Moldavia y que pasó de ser considerado como el «cerebro» de la trama a «facturero» de la trama, según su declaración. El empresario intentaba borrar el rastro a través de transferencias a cuentas secundarias con tarjetas asociadas, que eran las que usaban Crespo, Morenilla, Cuesta o los tres socios de Notec SL condenados en esta caua (ver cuadro adjunto) para extraer en cómodos plazos el dinero presuntamente saqueado a la depuradora de Pinedo. Roca Samper es el único que permanece en prisión desde que fue extraditado a España el 15 de abril de 2016. La sentencia hecha pública ayer lo condena a 6 años y un día de cárcel.
Las cifras de dinero que manejaron los condenados por el Caso Emarsa escandalizan hasta a los propios magistrados. «Del presupuesto total financiado por Epsar a Emarsa que asciende a 88,2 millones desde 2004 a 2010, la cantidad malversada (23.501.620´35) ya supone un 26´64%. Incluso si dividimos la suma total malversada por anualidades, nos da un parcial por año de 3.357.374´33 euros», señalan en la sentencia.
Una factura del saqueo y la corrupción que podría aumentar hasta los 33 millones si se suman los 8,1 que costó la liquidación de Emarsa y otros 3,1 millone de sanciones tributarias impuestas por Hacienda.
