El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, Cesar Sánchez (PP), tendrá que ir a declarar ante un juzgado de Dénia como investigado por un delito de coacciones y malversación de caudales tras la denuncia de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Calp ante la Fiscalía.
La citación de Sánchez se produce después de que en dos ocasiones el juzgado de Dénia haya archivado la denuncia presentada por la trabajadora y que cursó en su momento la fiscalía. Ha sido la Audiencia Provincial de Alicante la que ahora solicita al juzgado de Dénia que abra diligencias y realice alguna investigación antes de archivar la causa.
El alcalde de Calp, César Sánchez, ha mostrado hoy su máximo respeto a la justicia y ha pedido celeridad para que se aclare «cuanto antes el caso de la trabajadora del ayuntamiento calpino contra él".
«Confío plenamente en la justicia y estoy tranquilo. Deseo que la situación se aclare en la mayor brevedad posible. El día 12 de julio voy a tener la oportunidad de explicarme y de dar mi versión de los hechos para aclararlos y evitar que quede alguna duda al respecto», señala Sánchez quien manifiesta estar tranquilo y «dispuesto a colaborar plenamente con la justicia para que esta situación se resuelva lo antes posible».
En mayo de 2017, momento en el que la fiscalía dio traslado a la denuncia presentada por la funcionaria, fuentes del entorno de César Sánchez, aseguraron que la denuncia no tenía «ni pies ni cabeza». La demanda aporta prueba documental, facilita testigos y señala que el alcalde de Calp pudo disponer ilícitamamente de trabajadores municipales hacer campaña electoral en las municipales de 2015, sacando provecho de una institución pública.
