03 de julio de 2018
03.07.2018
Investigación

Trabajadores del Ministerio de Sanidad declaran que no conocían la consultora Crespo Gomar

La Udyco y Hacienda constatan el pago de actos de PSPV por empresas y el PP quiere llevar a Puig al Senado

03.07.2018 | 04:15

Varios miembros de la mesa de contratación del Ministerio de Vivienda que adjudicó en 2008 un plan de comunicación a la empresa Crespo Gomar SL, sospechosa de financiar ilegalmente al PSPV y Bloc en 2007, declararon ayer en el juzgado que no conocían a la consultora de Gandia, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su comparecencia.

Una comparecencia que deja a la exdirectora general de Consumo, Etelvina Andreu, y a otra trabajadora del Ministerio de Sanidad, que elaboró un informe de las ofertas que aspiraban a ganar el concurso, como los únicos altos cargos que conocían las empresas que optaban al concurso investigado por el Juzgado de instrucción número 43 de Madrid, como presunto trato de favor a Crespo Gomar SL, a cambio de acceder a financiar ilegalmente la campaña del PSPV en 2007.

Por otra parte, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de València ha constatado, al contrastar las facturas entregadas por el PP y la información de la Agencia estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que la empresa Crespo Gomar SL hizo una doble facturación para pagar gastos electorales del PSPV y Bloc «como mínimo en el periodo del 2005 al 2008, ambos inclusive», como informó Levante-EMV el pasado 13 de mayo.

Al respecto, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, destacó que organismos como la UDEF y la Agencia Tributaria, «que son poco sospechosos, constatan la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís en los años 2007 y 2008», cuando el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «ya estaba en el PSOE».

Al respecto, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, señaló que existe un «auto judicial que dice que no hay financiación ilegal del PSPV» (en realidad aseguraba que existían indicios pero señalaba que ya había prescrito) y subrayó que en un Estado de Derecho «quien decide es la justicia». La coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo, tachó de «muy grave» el informe.

El PP anunció además que estudia pedir que Puig comparezca ante la comisión del Senado sobre la financiación de los partidos.

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