El posible adelanto de las elecciones autonómicas de 2019 se ha convertido en el runrún que recorre despachos y redacciones. Únicamente el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tiene potestad de adelantar unos comicios que desde la restauración democrática se han celebrado cada cuatro años con el mismo calendario que rige para la mayoría de autonomías, todas salvo las históricas Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, que tienen convocatorias propias.

La fecha oficial de celebración es el domingo 26 de mayo de 2019, pero el debate sobre la posibilidad de adelantarlas a antes de que acabe 2018 se mantiene abierto. Puig ha sondeado a los notables de su partido sobre un posible adelanto e incluso podría llegar a anunciarlo el Nou d'Octubre como ha informado Levante-EMV.

Si habrá adelanto o no solo el presidente lo sabe, pero desde hace unas semanas existe un indicio que apuntala esa posibilidad. La Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, activó el pasado 11 de julio la licitación del contrato que pone en marcha el dispositivo electoral con una premura de tiempo inusual. Las plataformas de contratación de la Generalitat y del Ministerio de Economía publicaron ese día la licitación del concurso público para el sistema de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones a Corts Valencianes a celebrar (en principio) en 2019. En esa fecha se difundió también la licitación de otro contrato que activa el dispositivo electoral, el del suministro de las papeletas a utilizar en las elecciones a Corts Valencianes. El primer contrato ha salido a licitación por 3,7 millones de euros y el segundo por 500.000 euros. Fuentes consultadas apuntan que no es habitual que este tipo de contratos se licite tan pronto ya que faltan aún diez meses para la fecha oficial (mayo de 2019). Es el mismo concurso que ha activado Andalucía, donde también se especula con un adelanto sobre la fecha prevista, 22 de marzo de 2019.

La puesta en marcha del proceso es necesaria en caso de que la pretensión del presidente Puig sea una convocatoria exprés. Una vez el anuncio está publicado en las plataformas oficiales ya es posible licitar los contratos por vía de urgencia, apuntan las fuentes.

Además, la convocatoria de este tipo de concurso de servicios electorales suele realizarse con unos seis meses de antelación ya que la Administración se toma un tiempo para elegir al ganador. Por ejemplo, en los comicios de 2015, el contrato se publicó a principios del año electoral.

Lo último que el presidente ha dicho oficialmente sobre la posibilidad del adelanto electoral es que en estos momentos no se dan las circunstancias y que en el futuro dependerá de la coyuntura que exista en España y en la Comunitat Valenciana, pero sin ir más lejos este mismo lunes la dirección de su partido, el PSPV, acordó iniciar el curso en septiembre «en tensión» ante una decisión de Puig «improbable pero posible».

En el resto de partidos a nadie le gusta el adelanto de elecciones. Compromís tiene sus primarias para elegir candidatos aún por celebrar igual que Podemos y Ciudadanos y el PP aún digiere la llegada de Casado al liderazgo.