El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el defensor del pueblo autonómico, ampliará su estructura si prospera el proyecto de ley que el Consell acaba de enviar a las Corts Valencianes.
El actual organigrama recoge en su cúspide la figura del Síndic, José Cholbi, cargo nombrado en tiempos de mayoría absoluta del PP, y de dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla. Pero ahora, con el proyecto de ley del Consell, el número de adjuntos se ampliará a tres, lo que obligará a crear un nuevo puesto de alto cargo en la institución. El Síndic de Greuges percibió el año pasado 95.824 euros mientras los dos adjuntos ingresaron 86.149, todos ellos muy por encima de los emolumentos del presidente de la Generalitat.
Con todo, la intención del Consell es que la presencia de tres síndicos adjuntos junto al titular permita cumplir la paridad desde la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres en una institución que a día de hoy está muy lejos de cumplirla ya que todos los altos cargos son hombres.
La nueva normativa para la reforma del Síndic de Greuges nace del propio Pacte del Botànic, cuya ampliación recogía la modificación de la ley de todos los órganos estatutarios, entre ellos esta institución con sede en Alicante que mantiene al frente a uno de los pocos cargos que no se han nombrado en tiempos del Botànic.
Renovación en julio de 2019
De hecho, llegarán antes las elecciones autonómicas que la posibilidad de renovar a Cholbi (un histórico del PP desde los tiempos de Alianza Popular) ya que su mandato expira en julio de 2019 puesto que fue renovado en su cargo en julio de 2014.
Sin embargo, la intención del Consell con este proyecto de ley es modernizar la institución y adecuarla a las nuevas demandas sociales. Así, el documento prevé que dos de los adjuntos estén especializados en dos de las cuestiones más sensibles para el actual gobierno, la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y otra en los derechos de personas con diversidad funcional.
La portavoz del Consell, Mónica Oltra, ya aseguró el pasado viernes cuando se aprobó el proyecto de ley que la intención es dar un impulso a una institución que justo este año cumple 30 de existencia ya que fue creada en 1988. «La ley reforzará y modernizará a la institución para adaptarla a la sociedad actual que pide una más eficaz protección de la ciudadanía», aseguró Oltra. La norma la ha desarrollado la conselleria de Transparencia, Manuel Alcaraz.
Entre las principales novedades recogidas en el proyecto de ley se incluye precisamente la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, y de quienes puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad.
A estos efectos, la Sindicatura de Greuges tendrá la condición de defensora de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones a que correspondan al Ministerio Fiscal, según el Consell
Admisión de la queja verbal
Otra de las novedades, por lo que respecta a las quejas que formula la ciudadanía, es la admisión, por primera vez, de las quejas verbales que se podrán realizar en la sede de la institución, además de regular de manera más sencilla el procedimiento de tramitación.
La nueva normativa regula también las medidas que puede adoptar la institución ante la falta de colaboración de otras instituciones o organismos o actitudes que impliquen una obstaculización o un comportamiento abiertamente hostil y ante el incumplimiento de las recomendaciones y sugerencias contenidas en las resoluciones.
Podrá ir a por los expedientes
Entre estas actuaciones que podrá adoptar la Sindicatura cabe destacar la convocatoria de las personas responsables; informar de la falta de colaboración o de obstaculización a la Comisión de Les Corts; personarse en las dependencias en las que se encuentren los expedientes, informes u otros documentos a los que se pretende tener acceso; o instarla apertura de un expediente disciplinario.
Además, la futura ley le atribuye al Síndic la facultad de instar a los órganos competentes a la interposición de recursos de amparo, de inconstitucionalidad y de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Asimismo, el proyecto de ley recoge que la institución de la Sindicatura de Greuges podrá conocer más asuntos, así como las inactividades que puedan haber derivado en la vulneración de los derechos y libertades de los valencianos y valencianas.
El proyecto también amplía el abanico de posibles relaciones de cooperación con otras instituciones como la Agencia Antifraude, el Consejo de Transparencia, el Defensor del Pueblo Europeo e instituciones similares.
