El presunto amaño del contrato del servicio de vigilancia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) entre 2006 y 2007 sentará el 26, 27 y 28 de febrero en el banquillo de los acusados a la exgerente de FGV, Marisa Gracia, y dos de sus más estrechos colaboradores, Vicente Contreras y Manuel Sansano.
La sección segunda de la Audiencia de València será la responsable de enjuiciar a tres de los máximos responsables de la empresa ferroviaria. Gracia, Contreras y Sansano también están imputados por el accidente del metro de València del 3 de julio de 2006 que provocó la muerte a 43 personas y heridas a otras 47 .
Según el auto de apertura de juicio dictado por el Juzgado de Instrucción 8 de València acusa a los tres exdirectivos de FGV de los presuntos delitos de falsedad y prevaricación. La Fiscalía pide para cada uno de ellos seis años de cárcel, por lo que será la sección segunda de la Audiencia Provincial de València la que se encargue de enjuiciarlos y no un juzgado de lo penal.
Los hechos por los que los tres exdirectivos serán juzgados sucedieron entre los años 2006 y 2007 (meses después del accidente del metro). Según ha quedado acreditado durante la instrucción, que ha durado seis años (se inició en 2012) Marisa Gracia adjudicó el 20 de julio de 2007 por 3,5 millones de euros el contrato de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV.
El lote 1 de esta adjudicación correspondió a la empresa Med Seguridad, por un montante de 846.385,60 ?. La adjudicación fue posible tras «instar a Manuel Sansano (director de operaciones) y Vicente Contreras (director adjunto de explotación) a alterar la propuesta de adjudicación» que había realizado el jefe de seguridad de FGV, Arturo Rocher, según consta en el auto de apertura de juicio oral.
La instrucción ha permitido confirmar que tras este cambio en la valoración del concurso, la empresa Med Seguridad contrató al hijo de Marisa Gracia durante tres breves periodos de tiempo a lo largo de 2007.
El presunto amaño en la adjudicación del concurso se pudo descubrir porque el exjefe de seguridad Arturo Rocher fue designado como técnico para valorar las empresas que optaban al concurso de vigilancia y seguridad en FGV.
Rocher hizo una valoración, con criterios técnicos, aunque «tras volver de vacaciones» en junio de 2007 «vio cómo se había alterado la puntuación de las empresas concurrentes». Tanto Contreras como Sansano aseguraron que «habían seguido instrucciones de Marisa Gracia» porque «le interesaba» que el Lote 1 se adjudicara a la empresa Med Seguridad.
A pesar de haber denunciado la manipulación del concurso, Rocher acabó imputado a petición de las defensas de los exdirectivos de FGV. Aunque tras seis años de instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 8 sobreseyó la causa contra Rocher, que ha sido defendido en esta causa por el abogado Óscar Domínguez Moya, y que ha pasado de investigado a denunciante.
