El Consell y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana quieren saber si dos de los implicados en el caso Cooperación para, si es así, exigir que se les embargue una parte del mismo, ya que fueron declarados responsables de una malversación contable y el Tribunal de Cuentas ordenó el reintegro de algo más de 2,7 millones por los daños causados en los fondos de la Consell.
La Generalitat persigue la situación de Alexandre Catalá, exsubsecretario de la Conselleria de Cooperación en la etapa de Rafael Blasco, y de Marc Llinares, funcionario de la Administración autonómica y jefe de área de Cooperación durante 2008 y 2011. Ambos están envueltos en el saqueo de fondos del Consell destinados a países desfavorecidos.
El primero fue condenado en la primera pieza del caso a una pena de cuatro años, seis meses y un día. En esta se juzgó el desvío de 1,8 millones que no llegaron a Nicaragua. Según la información que maneja la Administración autonómica, tras pasar por la prisión, Catalá se ha reincorporado a la Universitat de València, donde tenía plaza de profesor de Derecho Constitucional.
El ex alto cargo de la conselleria hizo frente al embargo de parte de su nómina, pero los pagos se detuvieron al entrar en prisión y a la Abogacía de la Generalitat no le consta que se hayan retomado después. Por eso, según la documentación consultada, ha solicitado a la institución académica que informe de la situación del profesor condenado y aclare si está reteniendo alguna cantidad.
Llinares, por su parte, fue absuelto por un defecto de forma de los delitos que se le imputaban en la primera pieza, pero sí era considerado responsable del quebranto a las arcas públicas en la sentencia de 2015 del Tribunal de Cuentas.
Está investigado asimismo en el resto de piezas del caso. Sin embargo, no ha abonado parte alguna de los 2,7 millones totales que todo el grupo debe retornar, según los datos de la Administración autonómica. Así, la Abogacía se ha dirigido a la Conselleria de Agricultura, donde está adscrito actualmente el funcionario, para que comunique si percibe su nómina íntegramente.
La actuación de la Generalitat se ha producido poco antes que la de los tribunales, ya que el juzgado de vigilancia penitenciaria también ha movido ficha ante el TSJ sobre la situación de Catalá.
Hasta el momento, la Generalitat ha conseguido la ejecución de casi 600.000 euros del grupo de condenados. La mayor parte procede de la valoración de dos inmuebles de la Fundación Cyes y uno en Castelló de Marcial López que, tras ser sacados a subasta, han acabado pasando a patrimonio del Consell. De los condenados, solo consta que al exconseller Rafael Blasco y la exsecretaria general de la conselleria Tina Sanjuán se les está captando una parte de sus pensiones.
Tauroni no ha abonado nada
El empresario Augusto César Tauroni, el otro de los principales condenados junto a Blasco, no ha abonado de momento cantidad alguna. La Administración está a la espera aún de poder hacer efectivo el embargo de sus bienes en Miami, objetivo que está resultando procedimentalmente más complejo de lo previsto.
