Los bomberos forestales pasarán a depender de una empresa pública de la Generalitat que se creará antes del 1 de abril de 2019, un proceso para el que se tendrá que pedir una prórroga a Tragsa, para la que trabajan actualmente.
El director general de Emergencias, José María Ángel, explicó ayer que la nueva empresa pública, Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), se tendrá que crear «a la carrera» para que los bomberos se puedan incorporar a ella cuanto antes.
Para ello se pedirá una prórroga a Tragsa desde el 31 de noviembre que concluya, como máximo, el 1 de abril del próximo año, según Ángel, que ha defendido la intención del Consell de recoger a los bomberos «ajustados a derecho» y la mejor fórmula es crear una sociedad instrumental 100 % pública.
CC OO y UGT han suscrito el preacuerdo para el paso de los bomberos forestales a la empresa pública, mientras que SPPLB y STAS-IV han rechazado esta fórmula jurídica y son más favorables a ser considerados como personal a extinguir -al asumir la Administración la gestión directa del servicio- y CGT es probable que lo firme, según Ángel.
Los sindicatos mayoritarios cuentan con una representación del 64 % según las últimas elecciones sindicales en Tragsa, si bien el SPPLB ha cuestionado este porcentaje, ya que corresponde a todo el personal de la empresa pública estatal y no únicamente al colectivo de bomberos forestales.
El director de Emergencias defiende que la creación de una empresa pública que acoja al personal, unos 750 bomberos, supondrá un mejor desarrollo de su trabajo y cumplir con las exigencias del personal: un incremento salarial del 30 %, el reconocimiento de la segunda actividad y un convenio propio.
La constitución de una empresa pública de la Administración autonómica es «la mejor fórmula» que se ajusta a los derechos de los trabajadores y es la que avalan los informes de la Abogacía, ya que si entraran como personal a extinguir se les volvería a trasladar «la precariedad laboral». Y destaca que este proceso ha estado lleno de «dificultades e incomprensión», pero cuando hay «voluntad y diálogo» se consiguen objetivos.
Discrepancias
Desde CC OO, su portavoz, Antonio Criado, indicó que en la empresa pública se negociará un nuevo convenio que será retroactivo desde el 1 de enero de 2018 y, por tanto, «no se perderán los acuerdos», aunque su constitución requerirá de unos meses de trámites y acuerdos del Consell y de las Corts.
Para Criado, es «la solución menos mala» porque existe un compromiso de incremento salarial del 30 % y la segunda actividad, que no solo supone que los mayores de 60 años no actúen en incendios sino que cuando un bombero no supere las pruebas físicas anuales pueda pasar a esta segunda actividad.
Además, el preacuerdo incluye el compromiso de modificar los contratos eventuales en indefinidos y, en el caso de los bomberos que trabajan seis meses en verano, de considerarlos como fijos discontinuos.
El SPPLB critica que ahora se condicionen los acuerdos a depender de una mercantil y asegura que se está incumpliendo la ley en el espíritu de reversión pública, según su portavoz, Toni Aroca, que defiende la subrogación directa.
De acuerdo con Aroca, Compromís y Podem abogan también por esta idea, y señala que se tendrá que aplicar la ultraactividad en el convenio de Tragsa, al caducar en diciembre. Añade que lo que se plantea es negociar un convenio de otra empresa mientras se permanece en Tragsa y que no se ha entregado ningún informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat.
