La alternativa que tiene la Conselleria de Sanidad para mantener el ritmo de intervenciones pese al desencuentro con sus trabajadores es el conocido como plan de choque: la derivación de pacientes a los hospitales privados para que sean operados allí aunque los 11 millones de presupuesto que se destinaron para este año están prácticamente agotados.
Según los datos del Consell, a 31 de octubre quedaban 1,8 de los 11,9 millones de la partida inicial, que también incluía 950.000 euros para derivar pruebas diagnósticas.
Pese a lo apurado de las cifras, (Sanidad concreta el remanente a 1,1 millones), desde la administración avanzaron que, aunque se agote el presupuesto, se seguirán derivando pacientes «si fuera necesario». Es la postura que ya mantuvo en su día la exconsellera y exministra Carmen Montón. Pese a que su intención era reducir de forma progresiva esta colaboración público-privada, la realidad de las listas de espera ha hecho imposible recortar ni presupuesto ni volumen de pacientes en estos años de gobierno del Botànic.
La forma habitual de trabajar en el plan de choque es ofrecer a las personas en lista de espera (las que están en las 19 patologías más habituales) la capacidad de decidir si quieren operarse en una clínica privada cuando llevan tres meses de espera «oficial». Se les da a elegir entre varias clínicas y, una vez aceptado el destino, son citados por el hospital privado.
Gracias a esta externalización de trabajo, el sistema público ha venido rebajando en cerca de 10.000 pacientes la lista de espera de forma anual aunque son muchos más los que son derivados y que finalmente no son operados, bien porque renuncien a pasar por la privada o bien por ser rechazados por la clínica por cuestiones médicas. Así, en 2017, la sanidad derivó a 14.226 pacientes, de los que se intervinieron unos 10.000, según cifras de la conselleria. Hasta agosto de este año, habían sido intervenidos más de 5.600 pacientes de la pública en hospitales privados.
