La Fiscalía Anticorrupción considera que la Fundación V Encuentro mundial de las familias (FVEMF) , creada por la Generalitat, el ayuntamiento, la diputación y el Arzobispado de València para organizar la visita del Papa Benedicto XVI a València en julio de 2006, «incurrió en compromisos de gastos muy por encima de sus posibilidades, rebasó desde el inicio mismo de la actividad desarrollada por la Fundación su capacidad presupuestaria, sin haber elaborado plan alguno de viabilidad y con absoluta vulneración de la normativa reguladora», según un informe aportado a la causa al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Tras meses de investigación, en colaboración con la Intervención de la Generalitat y agentes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, Anticorrupción ha podido constatar «la existencia de una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de presuntos delitos continuados de prevaricación funcionarial, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración».
Unas irregularidades presuntamente cometidas en los once contratos suscritos por la Fundación V Encuentro mundial de las familias (FVEMF) con otras tantas empresas para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos con los que se inundó la ciudad, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento.
Precisamente fue la Intervención de la Generalitat la que levantó la liebre, al detectar «un incumplimiento reiterado de la legalidad en materia de contratación, no sólo por la vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, al resultar aplicable a la actividad contractural [de la Fundación] la legislación reguladora de la contratación pública».
La gestión de los «fondos dotacionales» durante el periodo de vida de la Fundación también está en el punto de mira de los investigadores, ya que la Fundación se constituyó con capital mayoritario público (Arzobispado, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de València pagaron 10.000 euros cada uno). Y fue liquidada con aportaciones de capital de la Generalitat para hacer frente a las deudas aún pendientes en 2010 y 2014. Además, la empresa pública Vaersa gastó 850.000 euros en los preparativos de la visita pontificia, aunque sólo facturó 519.000 euros a la FVEMF. Una deuda que no se llegó a pagar porque la Generalitat la asumió para poder liquidar la Fundación. Los otros 300.000 euros también se perdieron en el limbo administrativo.
Por estos hechos, Anticorrupción solicitó la citación como investigados de los principales responsables de la Fundación: el obispo auxiliar, Esteban Escudero, Francisco Camps, Víctor Campos y Juan Cotino, entre otros.
