El Tribunal de Cuentas falló en noviembre de 2015 contra el exconseller Rafael Blasco y su equipo en la Conselleria de Cooperación por el saqueo de los fondos al Tercer Mundo. Ocho meses después acordó la ejecución provisional de la sentencia, que cifra en más de 1,6 millones el perjuicio causado en las arcas públicas a la vista de la primera pieza del caso, por la que Blasco fue condenado por el Supremo a seis años y medio de prisión.
Pasados tres años largos de la primera resolución del organismo fiscalizador, la Generalitat ha recuperado algo más de 650.000 euros, si bien la mayor parte de esa cantidad procede de los bienes inmuebles de la Fundación Cyes y de Marcial López intervenidos a través del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y que han pasado a formar parte del patrimonio de la Generalitat.
Sin embargo, la ejecución de bienes que depende del Tribunal de Cuentas (la porción importante del pastel) continúa a la espera. Y el Consell se impacienta. Se acercan nuevas elecciones autonómicas y no existe la certeza de la recuperación antes de los fondos de Cooperación Internacional saqueados. La cantidad total a resarcir, sumados intereses y costas, supera ya los 2,7 millones.
Por ello, en julio pasado, tras rechazar el organismo público los recursos de los acusados y declarar firme la sentencia, el Gobierno valenciano pidió la ejecución definitiva de la misma. Ahora insiste de nuevo en la urgencia de subastar sin demora el patrimonio inmueble de los condenados.
La joya de estos bienes es la finca de Rafael Blasco en la Barraca d'Aigües Vives, el sitio de recreo del exconseller y su mujer, Consuelo Císcar, en la pedanía de Alzira, lugar habitual de encuentros de políticos y artistas en los años de esplendor social de la pareja.
Blasco ofreció esta propiedad, a pesar de estar embargada, durante la negociación con la Fiscalía para reducir la petición de pena en el resto de piezas del caso Cooperación sin enjuiciar.
El paquete inmobilario a subastar incluye además una vivienda en València y una parcela en Dénia de dos de los colaboradores del exconseller, Alexandre Català y Marc Llinares.
El Tribunal de Cuentas sí ha ido recuperando cantidades económicas menores de los ingresos de los condenados. Recientemente, informó del embargo de 59.000 euros de las pensiones del exconseller y su secretaria general, Tina Sanjuán, y la nómina de Català.
